El alcalde propone a la oposición chulear la nueva Ley del gobierno Rajoy que pretende reducir costes en los Ayuntamientos

La Ley establece normas de control para los Ayuntamientos donde pretende reducir el personal eventual, a dedo, y el número de concejales con dedicación exclusiva. En Leganés 4 concejales del Pleno Municipal perderán la exclusividad, es decir, solo podrán percibir una dieta por asistencia a los Plenos.

La iniciativa del alcalde propone usar las empresas públicas EMSULE y Leganés Gestión de Medios para que en ellas se empleen y cobren los concejales que pierdan su nómina de exclusividad. Estas empresas públicas, y su personal, quedan fuera de control de esta norma estatal.

La pasada semana el alcalde propuso a la oposición política municipal modificar el artículo 14 de ROM (Reglamento Orgánico Municipal) para en la práctica saltarse la aplicación de la nueva Ley del gobierno Rajoy sobre control y reducción administrativa de los Ayuntamientos.

La modificación propuesta por el alcalde dice textualmente:

"Los grupos políticos podrán designar un portavoz en los Consejos de Administración de EMSULE y de LgMedios con unas retribuciones que, sumadas, a las de una dedicación parcial no superen lo que percibirían si estuvieran en situación de dedicación exclusiva de acuerdo con las tablas retributivas establecidas en el Pleno de organización y funcionamiento de la presente legislatura".

La oposición política ni siquiera acudió a la reunión convocada por el alcalde para discutir este punto. Lo considera inaceptable pues se trata de una Ley elaborada por el PP que en la práctica, según denuncian, reduce competencias y autonomía de los Ayuntamientos. Además, también denuncia la oposición, quien tiene que reducir el gobierno y sus cargos de confianza es el PP, pues recuerdan que la oposición es mayoría en el Pleno Municipal y debe tener los mismos concejales liberados que el gobierno, "simplemente por una cuestión equitativa y de equilibrio numérico",
subrayan.

En la actualidad en el Ayuntamiento de Leganés hay 22 concejales con dedicación exclusiva (de un total de 27), es decir, trabajan y viven para el Consistorio. En el PP tienen dedicación exclusiva sus 12 concejales, en el PSOE 5, en ULEG 3 y en IU 2 ediles.
El PP argumenta que NO va a reducir el gobierno y que todos sus ediles deben seguir liberados, por el contrario la oposición propone que sea el PP el que reduzca 3 concejales en su liberación y 1 el PSOE. Manteniéndose los dos grupos minoritarios, ULEG e IU. Lo que propone la oposición (con su mayoría en el Pleno) es que el PP tenga 9 concejales liberados, y la oposición otros 9. Recuerdan que el resultado de las elecciones fue dar mayoría de representantes a la oposición, NO al PP.

A la oposición política le parece inaceptable que el propio alcalde quiera incumplir la norma elaborada por su partido y "chulearla" utilizando las empresas públicas para colocar y remunerar a quien haga falta. "No podemos estar de acuerdo con incumplir la Ley, ni con este mal ejemplo de poca austeridad con lo que están sufriendo los ciudadanos" afirman concejales de la oposición. "Si el PP ha elaborado esta Ley que den ejemplo y la cumplan ellos mismos" concluyen con bastante enfado.

"La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) obliga a reducir a 18 el número de concejales con libre dedicación exclusiva en nuestro Ayuntamiento, del mismo modo que no permite más personal eventual que el número de concejales total. Jesús Gómez, alcalde de la ciudad y presidente del Partido Popular, había elaborado una propuesta para presentar a la oposición para su estudio, debate y posterior aprobación, atendiendo a criterios de responsabilidades de gobierno, proporcionalidad e intentando evitar el quebranto que le supondría a cuatro concejales perder la condición de liberados a 18 meses de finalizar la legislatura", indican desde el Partido Popular.

"Del mismo modo, en lo relativo al personal eventual, hay que recordar que con la llegada al gobierno del Partido Popular se produjo una rebaja importantísima del personal eventual; y en la actualidad de las 29 personas que desempeñan dichas funciones seis de ellas lo hacen como personal de los grupos de la oposición.
Quiere esto decir que de los 27 exigidos por la Ley sólo 23 trabajan al servicio del gobierno, cuatro menos de lo que la modificación de la LRSAL permite" concluyen desde el PP.

No se contabiliza en esta cuenta el personal eventual, a dedo, en EMSULE y Leganés, Gestión de Medios.

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La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, Ley 27/2013

El 19 de diciembre de 2013 el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó definitivamente la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (EDL 2013/248308), publicada en el BOE el pasado 28 de diciembre, y que entró en vigor este mes de enero.

Según el MINHAP (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas), con esta Ley se consiguen los siguientes objetivos:

- Se clarifican las competencias municipales por ley, eliminando duplicidades y competencias impropias, bajo el principio “una Administración, una competencia” y ajustando la Administración Local a la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

- Se garantiza el derecho a unos servicios mínimos municipales para el conjunto de España, pudiéndolos prestar la Diputación Provincial, en los municipios menores de 20.000 habitantes.

- Se publicará el coste de los servicios municipales para que el ciudadano pueda comparar la gestión de sus servicios y evaluar a sus representantes.

- El sueldo de los miembros de las corporaciones locales se fijará según la población del municipio y se reduce el número del personal eventual y de cargos públicos.

- Garantiza, en todo caso, el mantenimiento y la prestación de los servicios a los ciudadanos, entre los que se encuentran los servicios sociales.

El texto definitivo se aprueba año y medio después de que el Gobierno elaborara el primer borrador. La iniciativa inicial incluía la posibilidad de suprimir municipios, la reducción del número de concejales y la eliminación de sueldos en los municipios más pequeños. Además, se imponía el llamado “coste estándar”, esto es, la definición del precio que debían tener los servicios municipales si un ayuntamiento quería seguir prestándolos, lo que fue uno de los asuntos más discutidos. En este año y medio se han ido perfilando o suprimiendo estos asuntos controvertidos, como la reducción de ediles.

La norma aprobada incluye un nuevo reparto de competencias y despoja a los ayuntamientos de las que tenían en materia de educación, sanidad y servicios sociales, que pasarán a manos de las CCAA en unos plazos definidos. Sin embargo, podrán seguir ejerciéndolas si así lo acuerdan con las CCAA y mediante un convenio que incluya el pago correspondiente.

Además, se impone el cumplimiento de la suficiencia financiera como objetivo principal para todo tipo de entidad local, se empuja a lograr costes eficientes en la prestación de servicios y se refuerza el papel de las diputaciones para hacer que así sea en los pueblos de menos de 20.000 habitantes. Por otro lado, las entidades locales menores y las mancomunidades sólo podrán subsistir si cumplen con la obligación de rendir cuentas a tiempo.

Respecto a las retribuciones de alcaldes, éstos no podrán cobrar más que un Secretario de Estado en el caso de las grandes ciudades; también se limita el número de asesores que se puede contratar en un ayuntamiento y se devuelve la habilitación estatal a los interventores municipales, que de nuevo dependerán de Hacienda.

Por último, los ayuntamientos podrán dedicar patrimonio público de suelo a reducir su deuda comercial o financiera