El TSJM abre juicio contra Ráez, Blázquez, Salinas, Sevilla, Arroyo, Maroto, Izquierdo y Moreno por el caso Cuadrifolio
El magistrado pide a la acusación popular y al Ministerio Fiscal que presenten el escrito de calificación de hechos.
Deberán declarar los ex concejales Mariano Maroto, Rita Salinas, Yolanda Sevilla, Francisco Arroyo, Florencio Izquierdo y Margarita Pedruelo, y el edil de Hacienda y portavoz del PSOE, Antonio García Blázquez.
Los principales imputados del caso Cuadrifolio en una rueda de prensa en la que consideraron este caso sin fundamento alguno. En el centro el exalcalde y ahora diputado regional, Pérez Ráez
El magistrado de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Emilio Fernández, ha decretado la "apertura de juicio oral" en la causa que se sigue contra el ex alcalde y actual diputado en la Asamblea, José Luis Pérez Ráez, y otros ocho ex concejales y directores de servicios por autorizar, durante la última Junta de Gobierno de la pasada legislatura, el abono de 101.478 euros a la empresa 'Cuadrifolio', sin seguir presuntamente los trámites necesarios, informa Europa Press.
Están imputados ex concejales, entre ellos el de Medio Ambiente que ahora es director de esta área con el alcalde Montoya, Francisco Arroyo; la ex concejala de Cultura y ahora asesora de Mujer, Rita Salinas; la ex concejala de Desarrollo Local y actual secretaria de Montoya, Yolanda Sevilla; el ex edil de Urbanismo Florencio Izquierdo; la ex portavoz del PSOE y anterior edil de Servicios Sociales y Mujer, Margarita Pedruelo, y la ex directora de Informática, Virginia Moreno.
Según el auto fechado el 2 de diciembre, el instructor ha dado traslado de las diligencias al Ministerio Fiscal y a la acusación popular -representada por el PP- para que "en el plazo de diez días presenten el oportuno escrito de calificación de los hechos y de proposición de prueba".
El magistrado había ordenado el pasado abril el sobreseimiento de la causa, pero el Partido Popular interpuso un recurso de apelación para impugnar esta resolución judicial que fue aceptado el pasado 13 de octubre, de tal manera que el magistrado ha tenido que decidir de "modo razonado sobre la apertura del juicio oral".
En los fundamentos de derecho, el magistrado argumenta que la apertura de juicio a instancias solamente de la acusación popular está justificada en este caso porque los delitos podrían afectar "a bienes jurídicos de carácter colectivo sin que exista posibilidad razonable de que se persone un interés particular". Esta situación, según el auto, facultaría a reconocer a la "acusación popular legitimación suficiente para pedir por si sola la apertura del juicio oral".
En octubre de 2009, la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid argumentó que había indicios de delito en el caso y afirmó que, en los fundamentos de derecho del auto, que los seis ex ediles que participaron en la Junta de Gobierno donde se aprobó el pago fueron "ilustrados de las anomalías en que incurrían" por parte de Intervención y del secretario municipal.
Pérez Ráez fue llamado a declarar, así como los ex ediles que participaron en la Junta de Gobierno. Tras ello, prestó declaracón el actual portavoz de Hacienda, Antonio García, que fue el responsable elevó a la Junta de Gobierno local el pago porque, según declaró, contó con un informe favorable de un técnico, concretamente de la ex directora de los Servicios de Información del Consistorio, Virgina Moreno, quien también declaró ante el TSJM.
Ya en abril, el TSJM decidió el archivo en un auto de cinco páginas que concluía que "los hechos no son integrantes de delito alguno" y que remarcaba que procedía el archivo de las diligencias al no estar "personado en el proceso acusación particular alguna". Tras el recurso de apelación del PP, la Sala de lo Civil y lo Penal estimó el recurso el 13 de octubre y autorizó la apertura de juicio oral.
Deberán declarar los ex concejales Mariano Maroto, Rita Salinas, Yolanda Sevilla, Francisco Arroyo, Florencio Izquierdo y Margarita Pedruelo, y el edil de Hacienda y portavoz del PSOE, Antonio García Blázquez.
Los principales imputados del caso Cuadrifolio en una rueda de prensa en la que consideraron este caso sin fundamento alguno. En el centro el exalcalde y ahora diputado regional, Pérez RáezEl magistrado de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Emilio Fernández, ha decretado la "apertura de juicio oral" en la causa que se sigue contra el ex alcalde y actual diputado en la Asamblea, José Luis Pérez Ráez, y otros ocho ex concejales y directores de servicios por autorizar, durante la última Junta de Gobierno de la pasada legislatura, el abono de 101.478 euros a la empresa 'Cuadrifolio', sin seguir presuntamente los trámites necesarios, informa Europa Press.
Están imputados ex concejales, entre ellos el de Medio Ambiente que ahora es director de esta área con el alcalde Montoya, Francisco Arroyo; la ex concejala de Cultura y ahora asesora de Mujer, Rita Salinas; la ex concejala de Desarrollo Local y actual secretaria de Montoya, Yolanda Sevilla; el ex edil de Urbanismo Florencio Izquierdo; la ex portavoz del PSOE y anterior edil de Servicios Sociales y Mujer, Margarita Pedruelo, y la ex directora de Informática, Virginia Moreno.
Según el auto fechado el 2 de diciembre, el instructor ha dado traslado de las diligencias al Ministerio Fiscal y a la acusación popular -representada por el PP- para que "en el plazo de diez días presenten el oportuno escrito de calificación de los hechos y de proposición de prueba".
El magistrado había ordenado el pasado abril el sobreseimiento de la causa, pero el Partido Popular interpuso un recurso de apelación para impugnar esta resolución judicial que fue aceptado el pasado 13 de octubre, de tal manera que el magistrado ha tenido que decidir de "modo razonado sobre la apertura del juicio oral".
En los fundamentos de derecho, el magistrado argumenta que la apertura de juicio a instancias solamente de la acusación popular está justificada en este caso porque los delitos podrían afectar "a bienes jurídicos de carácter colectivo sin que exista posibilidad razonable de que se persone un interés particular". Esta situación, según el auto, facultaría a reconocer a la "acusación popular legitimación suficiente para pedir por si sola la apertura del juicio oral".
En octubre de 2009, la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid argumentó que había indicios de delito en el caso y afirmó que, en los fundamentos de derecho del auto, que los seis ex ediles que participaron en la Junta de Gobierno donde se aprobó el pago fueron "ilustrados de las anomalías en que incurrían" por parte de Intervención y del secretario municipal.
Pérez Ráez fue llamado a declarar, así como los ex ediles que participaron en la Junta de Gobierno. Tras ello, prestó declaracón el actual portavoz de Hacienda, Antonio García, que fue el responsable elevó a la Junta de Gobierno local el pago porque, según declaró, contó con un informe favorable de un técnico, concretamente de la ex directora de los Servicios de Información del Consistorio, Virgina Moreno, quien también declaró ante el TSJM.
Ya en abril, el TSJM decidió el archivo en un auto de cinco páginas que concluía que "los hechos no son integrantes de delito alguno" y que remarcaba que procedía el archivo de las diligencias al no estar "personado en el proceso acusación particular alguna". Tras el recurso de apelación del PP, la Sala de lo Civil y lo Penal estimó el recurso el 13 de octubre y autorizó la apertura de juicio oral.
Comentarios
TIC, TAC, TIC, TAC
no es una verdad absoluta:
es una verdad cualquiera”.
José Bergamín
Que salga la verdad y que se haga lo que se tenga que hacer.
http://anticipa-vecinos-leganes.over-blog.es/
Esta rondita la paga el sr. Arroyo, ya veremos de qué honor hablamos.
Y después..........el caso facturas, haber si le sigue quedando patrimonio.
¿alguien sabe algo?
Lo digo porque podría servirle al juez, en caso de que supuestamente sea así, sabrá si tiene enfrente a una persona honrada ó a una mentirosa compulsiva.
Que vergüenza para Leganés.
Estos personajes lo único que hacen es dañar la imagen de la ciudad.
¿No hemos quedado, por doctrina socialista, que los imputados no pueden tener cargos de responsabilidad política y que deben ser cesados o dimitidos inmediatamente hasta que los tribunales dicten sentencia?
Eso es lo que los socialistas exigen al Partido Popular en Valencia, por ejemplo, con la imputación de Francisco Camps.
Pues ya que ellos son los impulsores de esta ley no escrita, que den ejemplo en Leganés y en la Asamblea de Madrid, y cesen o echen de sus puestos políticos a todos estos imputados hasta que el juez dicte sentencia.
Esperanza Aguirre fulminó a los 3 diputados autonómicos del Partido Popular que fueron imputados en el caso Gurtel: Bosch Tejedor, López Viejo y Martín Vasco. Y a los alcaldes de Pozuelo y Boadilla.
Como mínimo, se espera lo mismo por parte de tomás "y no digo más" respecto a pérez ráez "el desastrao" y garcía blázquez "el eterno sucesor".
Por no hablar de la número dos (e imputada) del ex de Parla que será juzjaga en plena precampaña electoral.
¿¿¿Consejos vendo que para mi no tengo???
¿¿¿La paja veo en el ojo ajeno y no la viga en el mío propio???
¿¿¿Sepulcros blanquecinos???
Y mientras tanto, el nombre de Leganés sigue siendo arrastrado por el fango debido a las tropelías cometidas durante el final de un régimen que ha gobernado esta ciudad más de 30 años.
Estas son las consecuencias de no aplicar la alternancia política en un sistema democrático.
Y la responsabilidad final, es nuestra.
De los propios ciudadanos que con nuestro voto, somos quienes tenemos la OBLIGACION de velar, DIA A DIA, por el estado de salud de nuestra democracia.
Si no lo hacemos, si abdicamos de esa responsabilidad, la democracia se convierte en un régimen y nosotros en simples súbditos.
En nuestra mano queda el hercúleo trabajo de facilitarle a la izquierda de Leganés, su necesaria regeneración democrática.
Un saludo.
A Ráez, si tenía pocas posibilidades de seguir calentando asiento en la Asamblea por apoyar a Trinidad Jiménez, esto lo acaba de rematar.
Estos llevaban tanto tiempo haciendo lo mismo que jamás pensaron que tendrían que dar cuentas a la justicia, porque no es fácil acceder a los asuntos que aprueba la Junta de Gobierno Local, pero los veintitantos días que le cedieron el poder al PP sirvieron para que, aunque Cuadrifolio no sea el asunto más grave, no se vayan totalmente de rositas.
Habrá que ver con qué otras ocurrencias nos sale, aunque parece que ahora ya no tiene tantas ganas de reunirse con la prensa como cuando les echó el capote el Instructor archivando la causa. El juez instructor tiene un hermano funcionario implicado en la Operación Guateque del Ayuntamiento de Madrid; quizá por eso fue tan comprensivo con estos.
Me vengaré del psoe-iu de Leganés en Mayo 2011. Y votaré al PP.
Tic, tac, tic, tac; y descontando.