Nota de prensa del PP
Ordena la instrucción de una nueva pieza separada.
El PP en su nota evita una vez más reconocer la realidad:
El "caso Facturas" surge de una investigación periodística realizada por DLEGANÉS.
Absolutamente todas las pruebas presentadas por el PP en los Tribunales fueron publicadas previamente por DLEGANÉS.
Madrid, 22 de abril de 2014
El Juzgado de Instrucción Nº8 de Leganés ha citado a declarar en calidad de imputada a Carmen Blázquez Roblas, esposa del que fuera alcalde socialista durante la legislatura 2007-2011 Rafael Gómez Montoya, por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación en el llamado caso ‘Facturas’. Un escándalo de presunta financiación ilegal del Partido Socialista durante la campaña electoral de 2007, cuando podría haber desviado el pago de publicidad electoral a dos empresas adjudicatarias del Ayuntamiento: Urbaser y Helechos.
El Partido Popular, única formación política personada en esta causa, interpuso en 2009 una querella contra el entonces alcalde de Leganés, Rafael Gómez Montoya; su mujer, que había ostentado la dirección de Medio Ambiente en el Ayuntamiento la legislatura 2003-2007 y contra Francisco Arroyo, ex concejal de Medio Ambiente en la misma época, y procesado, también, en el caso ‘Cuadrifolio’. Según declararon algunos testimonios ante la juez que instruye la causa, Francisco Arroyo y Carmen Blázquez Roblas, ahora imputada, eran los responsables de ordenar la publicidad y de seleccionar a las empresas que debían pagarla con dinero del Ayuntamiento.
La juez abre pieza separada ante nuevos indicios de corrupción
Además, en su providencia, la magistrada del Juzgado de Instrucción ordena que “en relación con los hechos expuestos por la Acusación Popular en el escrito presentado en fecha 05/11/2012, procédase al desglose del escrito para la instrucción de los hechos en pieza separada”. Con esto, la magistrada ordena una segunda investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas por PSOE e IU cuando adjudicaron la construcción de un punto limpio a Urbaser, empresa implicada en el caso ‘Facturas’, a cambio de publicidad electoral.
Dicha construcción no aparece prevista en los pliegos de adjudicación de los servicios de limpieza, la obra supuso un coste total de un 1.021.534,5€, arrojó un sobrecoste imprevisto de 367.501,16€ y fue realizada en una parcela reservada en el PGOU para uso dotacional, deportivo y educativo. Al margen de las responsabilidades administrativas, existen indicios penales ya que, a cambio de la adjudicación irregular, el PSOE habría recibido publicidad para su campaña.
La pieza separada también incluirá la investigación del caso ‘ECA’. Otro escándalo de contratación, presuntamente irregular, por el que se acuerda la adjudicación de un “servicio de consultoría y asistencia técnica para la implantación de un sistema de control de calidad de los servicios de limpieza viaria, recogida de servicios urbanos, limpieza de colegios, limpieza de graffitis y mantenimiento de zonas verdes” a las mismas empresas del caso ‘Facturas’. Los contratos establecen que un 1’5% del valor de los mismos irá destinado a “campañas de sensibilización ciudadana”. Sin embargo, ese dinero nunca se llega a ingresar en las arcas municipales sino que, de las empresas de servicios del Ayuntamiento, va a parar directamente hacia la empresa que realiza el estudio de evaluación.
La corrupción atenaza a PSOE e IU
El caso ‘Facturas’ es sólo una de las múltiples causas que la justicia mantiene abiertas contra PSOE e Izquierda Unida por presuntos casos de corrupción durante sus etapas de gobierno. A él hay que sumar el caso ‘Cuadrifolio’, por el que el próximo 8 de mayo, el ex alcalde José Luis Pérez Ráez y todos los concejales que pertenecían a la Junta de Gobierno Local, tendrán que testificar en juicio oral por un presunto delito de prevaricación después de que el Ayuntamiento de Leganés adjudicara, en mayo de 2007, un contrato para el suministro de mobiliario por importe de 101.478€ a la empresa Cuadrifolio, sin pasar por concurso público, sin respetar la prelación de pagos y por un material que nunca apareció.
Recientemente diversas informaciones periodísticas destapaban también una derivada del caso ‘Aparcamientos’ en Leganés. Dichas investigaciones apuntaban a la adjudicación de contratos millonarios, presuntamente irregulares, a la empresa ‘Roblepark’, imputada en Getafe por un delito que ya le ha costado el cargo al ex alcalde, Pedro Castro, y a varios de sus concejales. Según las informaciones, los contratos se habrían concedido a dedo, sin pasar por concurso público e incurriendo, presuntamente, en un fraccionamiento administrativo del que también podrían derivarse consecuencias penales.
Ordena la instrucción de una nueva pieza separada.
El PP en su nota evita una vez más reconocer la realidad:
El "caso Facturas" surge de una investigación periodística realizada por DLEGANÉS.
Absolutamente todas las pruebas presentadas por el PP en los Tribunales fueron publicadas previamente por DLEGANÉS.
Madrid, 22 de abril de 2014
El Juzgado de Instrucción Nº8 de Leganés ha citado a declarar en calidad de imputada a Carmen Blázquez Roblas, esposa del que fuera alcalde socialista durante la legislatura 2007-2011 Rafael Gómez Montoya, por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación en el llamado caso ‘Facturas’. Un escándalo de presunta financiación ilegal del Partido Socialista durante la campaña electoral de 2007, cuando podría haber desviado el pago de publicidad electoral a dos empresas adjudicatarias del Ayuntamiento: Urbaser y Helechos.
El Partido Popular, única formación política personada en esta causa, interpuso en 2009 una querella contra el entonces alcalde de Leganés, Rafael Gómez Montoya; su mujer, que había ostentado la dirección de Medio Ambiente en el Ayuntamiento la legislatura 2003-2007 y contra Francisco Arroyo, ex concejal de Medio Ambiente en la misma época, y procesado, también, en el caso ‘Cuadrifolio’. Según declararon algunos testimonios ante la juez que instruye la causa, Francisco Arroyo y Carmen Blázquez Roblas, ahora imputada, eran los responsables de ordenar la publicidad y de seleccionar a las empresas que debían pagarla con dinero del Ayuntamiento.
La juez abre pieza separada ante nuevos indicios de corrupción
Además, en su providencia, la magistrada del Juzgado de Instrucción ordena que “en relación con los hechos expuestos por la Acusación Popular en el escrito presentado en fecha 05/11/2012, procédase al desglose del escrito para la instrucción de los hechos en pieza separada”. Con esto, la magistrada ordena una segunda investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas por PSOE e IU cuando adjudicaron la construcción de un punto limpio a Urbaser, empresa implicada en el caso ‘Facturas’, a cambio de publicidad electoral.
Dicha construcción no aparece prevista en los pliegos de adjudicación de los servicios de limpieza, la obra supuso un coste total de un 1.021.534,5€, arrojó un sobrecoste imprevisto de 367.501,16€ y fue realizada en una parcela reservada en el PGOU para uso dotacional, deportivo y educativo. Al margen de las responsabilidades administrativas, existen indicios penales ya que, a cambio de la adjudicación irregular, el PSOE habría recibido publicidad para su campaña.
La pieza separada también incluirá la investigación del caso ‘ECA’. Otro escándalo de contratación, presuntamente irregular, por el que se acuerda la adjudicación de un “servicio de consultoría y asistencia técnica para la implantación de un sistema de control de calidad de los servicios de limpieza viaria, recogida de servicios urbanos, limpieza de colegios, limpieza de graffitis y mantenimiento de zonas verdes” a las mismas empresas del caso ‘Facturas’. Los contratos establecen que un 1’5% del valor de los mismos irá destinado a “campañas de sensibilización ciudadana”. Sin embargo, ese dinero nunca se llega a ingresar en las arcas municipales sino que, de las empresas de servicios del Ayuntamiento, va a parar directamente hacia la empresa que realiza el estudio de evaluación.
La corrupción atenaza a PSOE e IU
El caso ‘Facturas’ es sólo una de las múltiples causas que la justicia mantiene abiertas contra PSOE e Izquierda Unida por presuntos casos de corrupción durante sus etapas de gobierno. A él hay que sumar el caso ‘Cuadrifolio’, por el que el próximo 8 de mayo, el ex alcalde José Luis Pérez Ráez y todos los concejales que pertenecían a la Junta de Gobierno Local, tendrán que testificar en juicio oral por un presunto delito de prevaricación después de que el Ayuntamiento de Leganés adjudicara, en mayo de 2007, un contrato para el suministro de mobiliario por importe de 101.478€ a la empresa Cuadrifolio, sin pasar por concurso público, sin respetar la prelación de pagos y por un material que nunca apareció.
Recientemente diversas informaciones periodísticas destapaban también una derivada del caso ‘Aparcamientos’ en Leganés. Dichas investigaciones apuntaban a la adjudicación de contratos millonarios, presuntamente irregulares, a la empresa ‘Roblepark’, imputada en Getafe por un delito que ya le ha costado el cargo al ex alcalde, Pedro Castro, y a varios de sus concejales. Según las informaciones, los contratos se habrían concedido a dedo, sin pasar por concurso público e incurriendo, presuntamente, en un fraccionamiento administrativo del que también podrían derivarse consecuencias penales.
Comentarios
Ahora espero una ampla y cumplida información por parte del PP respecto a la notica que aparece en este periódico por la construcción de un parque en la parcela que se "regalo" al colegio y de otras muchas cosas que ocurren en nuestro pueblo y que los vecinos no acabamos ni de enterarnos ni de entender. Y esto va por todos PP PSOE IU ULEG y cualquiera que pueda venir en 2015.