Toda la prensa nacional recoge esta noticia publicada por DLEGANÉS
En el Juzgado número 5 de Leganés.
Hay indicios de prevaricación administrativa en el pago de las nóminas de todos sus directores generales, donde se habría saltado los procedimientos legales.
El Juzgado ha citado para declarar, como testigos, a las exinterventoras del Ayuntamiento Icíar Fernández y Lucía Mora, el próximo 27 de enero.
Jesús Gómez en la puerta de los Juzgados (Archivo DLEGANÉS)
Según ha podido averiguar DLEGANÉS (el Ayuntamiento guarda silencio), el alcalde, Jesús Gómez, está imputado por prevaricación desde finales del pasado mes de noviembre. El alcalde habría pagado las nóminas de todos sus directores generales saltándose los procedimientos legales e incluso con informe negativo de la Intervención municipal. Lo hace durante sucesivos meses e incluso con dos informes negativos de dos sucesivas interventoras.
La imputación se ha recibido en Alcaldía con el máximo secreto y gran parte de la bancada del PP lo desconoce, según ha podido saber este periódico. La pasada semana DLEGANÉS quiso contrastar esta información con Alcaldía (mediante envío de cuestionario en burofax) sin que se haya recibido información al respecto, se nos remite a una declaración suya a la agencia Europa Press donde el alcalde, ocultando su imputación, confía en el archivo de este asunto judicial. Lo viene a considerar fruto del "criterio equivocado" de técnicos e Intervención municipal.
¿Qué es la prevaricación administrativa?
Prevaricación Administrativa: Del latin “ad-ministrare”, que significa servir al pueblo o ciudadano
El delito de prevaricación administrativa cometido por funcionario público (administración como un ministerio, policía municipales, funcionarios y/o empleados de los ayuntamientos, comunidades, concejales, alcaldes, etc.) en su cargo, tipificado en el artículo 404 del Código Penal, se caracteriza por ser un delito de naturaleza especial propia, puesto que el sujeto activo ha de ser un funcionario público, con la amplitud que a este concepto, en el que se incluye el de autoridad, atribuye en los artículos del citado Código, al comprender en él a toda persona que participe del ejercicio de funciones públicas, bien por disposición inmediata de la ley, bien por elección o nombramiento de la autoridad competente.
Resolución contraria a Derecho: El funcionario o autoridad debe haber dictado una resolución que se repute contraria a derecho, bien porque se haya dictado sin tener la competencia legalmente exigida, bien porque no se hayan respetado las normas esenciales de procedimiento administrativo, bien porque el fondo de la misma contravenga lo dispuesto en la legislación vigente o suponga una desviación de poder.
Es decir la prevaricación administrativa es un delito que consiste en que una autoridad u otro funcionario público en su cargo dicten una ordenanza, advertencia, orden o decisión arbitraria en un asunto administrativo, a sabiendas que dicha resolución es injusta. Dicha actuación también es una manifestación de un abuso de autoridad. Está sancionada por el Derecho penal y disciplinaria, que busca la protección tanto del ciudadano como de la propia Administración.
En cualquier caso, una de las bases del Estado de Derecho – como se llama España – es, precisamente, la confianza en la imparcialidad administrativa, que puede verse en la obligación de condenar a uno o varios funcionarios, por elevado que sea su rango.
El abuso de poder o autoridad es la principal fuente de la maldad moral y de la corrupción moral. Entendemos al abuso de autoridad como todo acto del funcionario que se excede en sus atribuciones o facultades respecto a particulares o casos públicos. (Fuente: Themis EuroJuristas)
Directores generales nombrados a dedo y afines al PP
Los directores generales del Ayuntamiento son cargos de confianza política, se eligen a dedo y se consideran, por parte de la oposición, como el pago de favores puesto que entre ellos figuran destacados e históricos afiliados y militantes del PP, como el exconcejal y ahora director general de Urbanismo, Javier Oporto. Todos los directores generales tienen nóminas superiores a los 50.000 euros al año.
Evidentemente, el alcalde puede nombrar a quien quiera como director general de su equipo, pero ha de respetar los procedimientos legales, lo que al parecer no ha hecho en el pago de sus nóminas.
Informe negativo de la Intervención Municipal
En los Ayuntamientos de las principales ciudades existe la Intervención Municipal. Su titular es un funcionario de ámbito nacional habilitado para velar por el estado de derecho y que se cumpla la ley en todos los procedimientos legales en la administración local. En el caso del pago de las nóminas de sus directores generales el informe de la Intervención Municipal fue negativo. Aún así, el alcalde siguió adelante.
La imputación del alcalde supone un grave asunto que tendrá repercusión política, incluso a nivel de la Comunidad de Madrid, pues el alcalde también es diputado regional. Es el alcalde de una gran ciudad del sur de Madrid. Si la denuncia sigue adelante y se considera que hubo prevaricación podría suponer la inhabilitación del primer edil y el fin de su carrera política. Hace unos meses el Tribunal Supremo confirmó una pena de seis años de inhabilitación por prevaricación al que fuera alcalde de Aranjuez entre 1995 y 2003.
La oposición (PSOE y ULEG) denunció estos nombramientos
El Juzgado número 5 de Leganés ha procedido de esta manera a dar curso a la denuncia presentada por la oposición política municipal, PSOE y ULEG, ambas formaciones consideran que la forma de actuar del alcalde, Jesús Gómez, es "caprichosa y arbitraria", permitiéndose a menudo dar lecciones de cualquier tema a cualquier profesional.
En el Juzgado número 5 de Leganés.
Hay indicios de prevaricación administrativa en el pago de las nóminas de todos sus directores generales, donde se habría saltado los procedimientos legales.
El Juzgado ha citado para declarar, como testigos, a las exinterventoras del Ayuntamiento Icíar Fernández y Lucía Mora, el próximo 27 de enero.
Jesús Gómez en la puerta de los Juzgados (Archivo DLEGANÉS)
Según ha podido averiguar DLEGANÉS (el Ayuntamiento guarda silencio), el alcalde, Jesús Gómez, está imputado por prevaricación desde finales del pasado mes de noviembre. El alcalde habría pagado las nóminas de todos sus directores generales saltándose los procedimientos legales e incluso con informe negativo de la Intervención municipal. Lo hace durante sucesivos meses e incluso con dos informes negativos de dos sucesivas interventoras.
La imputación se ha recibido en Alcaldía con el máximo secreto y gran parte de la bancada del PP lo desconoce, según ha podido saber este periódico. La pasada semana DLEGANÉS quiso contrastar esta información con Alcaldía (mediante envío de cuestionario en burofax) sin que se haya recibido información al respecto, se nos remite a una declaración suya a la agencia Europa Press donde el alcalde, ocultando su imputación, confía en el archivo de este asunto judicial. Lo viene a considerar fruto del "criterio equivocado" de técnicos e Intervención municipal.
¿Qué es la prevaricación administrativa?
Prevaricación Administrativa: Del latin “ad-ministrare”, que significa servir al pueblo o ciudadano
El delito de prevaricación administrativa cometido por funcionario público (administración como un ministerio, policía municipales, funcionarios y/o empleados de los ayuntamientos, comunidades, concejales, alcaldes, etc.) en su cargo, tipificado en el artículo 404 del Código Penal, se caracteriza por ser un delito de naturaleza especial propia, puesto que el sujeto activo ha de ser un funcionario público, con la amplitud que a este concepto, en el que se incluye el de autoridad, atribuye en los artículos del citado Código, al comprender en él a toda persona que participe del ejercicio de funciones públicas, bien por disposición inmediata de la ley, bien por elección o nombramiento de la autoridad competente.
Resolución contraria a Derecho: El funcionario o autoridad debe haber dictado una resolución que se repute contraria a derecho, bien porque se haya dictado sin tener la competencia legalmente exigida, bien porque no se hayan respetado las normas esenciales de procedimiento administrativo, bien porque el fondo de la misma contravenga lo dispuesto en la legislación vigente o suponga una desviación de poder.
Es decir la prevaricación administrativa es un delito que consiste en que una autoridad u otro funcionario público en su cargo dicten una ordenanza, advertencia, orden o decisión arbitraria en un asunto administrativo, a sabiendas que dicha resolución es injusta. Dicha actuación también es una manifestación de un abuso de autoridad. Está sancionada por el Derecho penal y disciplinaria, que busca la protección tanto del ciudadano como de la propia Administración.
En cualquier caso, una de las bases del Estado de Derecho – como se llama España – es, precisamente, la confianza en la imparcialidad administrativa, que puede verse en la obligación de condenar a uno o varios funcionarios, por elevado que sea su rango.
El abuso de poder o autoridad es la principal fuente de la maldad moral y de la corrupción moral. Entendemos al abuso de autoridad como todo acto del funcionario que se excede en sus atribuciones o facultades respecto a particulares o casos públicos. (Fuente: Themis EuroJuristas)
Directores generales nombrados a dedo y afines al PP
Los directores generales del Ayuntamiento son cargos de confianza política, se eligen a dedo y se consideran, por parte de la oposición, como el pago de favores puesto que entre ellos figuran destacados e históricos afiliados y militantes del PP, como el exconcejal y ahora director general de Urbanismo, Javier Oporto. Todos los directores generales tienen nóminas superiores a los 50.000 euros al año.
Evidentemente, el alcalde puede nombrar a quien quiera como director general de su equipo, pero ha de respetar los procedimientos legales, lo que al parecer no ha hecho en el pago de sus nóminas.
Informe negativo de la Intervención Municipal
En los Ayuntamientos de las principales ciudades existe la Intervención Municipal. Su titular es un funcionario de ámbito nacional habilitado para velar por el estado de derecho y que se cumpla la ley en todos los procedimientos legales en la administración local. En el caso del pago de las nóminas de sus directores generales el informe de la Intervención Municipal fue negativo. Aún así, el alcalde siguió adelante.
La imputación del alcalde supone un grave asunto que tendrá repercusión política, incluso a nivel de la Comunidad de Madrid, pues el alcalde también es diputado regional. Es el alcalde de una gran ciudad del sur de Madrid. Si la denuncia sigue adelante y se considera que hubo prevaricación podría suponer la inhabilitación del primer edil y el fin de su carrera política. Hace unos meses el Tribunal Supremo confirmó una pena de seis años de inhabilitación por prevaricación al que fuera alcalde de Aranjuez entre 1995 y 2003.
La oposición (PSOE y ULEG) denunció estos nombramientos
El Juzgado número 5 de Leganés ha procedido de esta manera a dar curso a la denuncia presentada por la oposición política municipal, PSOE y ULEG, ambas formaciones consideran que la forma de actuar del alcalde, Jesús Gómez, es "caprichosa y arbitraria", permitiéndose a menudo dar lecciones de cualquier tema a cualquier profesional.
Comentarios
En cambio, en el caso facturas hace más de un año que la Audiencia le ordenó al juzgado 8 que tomase declaración a Montoya como imputado, y el caso sigue en el limbo.
Tras los cuatro reparos suspensivos de Intervención que ha levantado el alcalde, Jesús Gómez
LEGANÉS /2 DIC/E l Juzgado de Instrucción número 5 de Leganés ha abierto diligencias previas por el pago de la nómina a los directores generales del Ayuntamiento tras los reparos suspensivos de la Intervención municipal en cuatro meses que el alcalde, el ‘popular’ Jesús Gómez, levantó mediante decreto para no dejar a toda la plantilla municipal sin nómina.
El contencioso data de hace cuatro meses, cuando Intervención ordenó retener la nómina en septiembre al considerar que el pago a los Directores Generales –cargos de confianza—podría incurrir en irregularidades.
De septiembre a diciembre, Intervención interpuso los correspondientes reparos, todos ellos levantados por el alcalde mediante decreto. La motivación: si se hubiese ejecutado los reparos, la plantilla del Ayuntamiento al completo no habría cobrado la nómina.
El hecho fue denunciado por el PSOE y Unión por Leganés (ULEG) ante el juzgado; primero con una denuncia y con una segunda ampliación el pasado 13 de noviembre, donde piden que se investigue la posible comisión de los delitos de prevaricación y malversación de fondos.
Tras llevar a cabo la ampliación de denuncia, el juzgado ha decidido abrir diligencias previas. Así, en un auto fechado el pasado 14 de noviembre, la magistrada ordena que se “incoen diligencias previas dando cuenta al Ministerio Fiscal”.
Además, libra oficio al Ayuntamiento de Leganés para que informe “a la mayor brevedad posible” de quiénes “ostentaban el cargo de interventor durante los años 2011, 2012 y 2013″.
VALORACIÓN DEL ALCALDE
Ante la apertura de diligencias previas, el alcalde ha confiado en que el juzgado terminará archivando el caso una vez tenga toda la información y documentación del ayuntamiento. “Será bastante probable”, ha señalado.
En este sentido, el regidor leganense ha defendido que el contencioso “no es una cuestión penal, sino administrativa todo lo más”. “Creo que el caso por lo penal tiene pocas posibilidades, porque se trata de una diferencia de criterio entre habilitados”, ha subrayado a modo de conclusión.
Gómez, que ha asegurado que el levantamiento de los reparos contó con informes jurídicos a favor, ha atribuido los reparos suspensivos a un “cambio de criterio” de los diferentes funcionarios habilitados nacionales del Ayuntamiento.
De hecho, ha asegurado que en la misma situación se han abonado hasta veinte nóminas anteriormente y que nadie impugnó o recurrió las bases para el proceso de selección de los Directores o la Relación de Puestos de Trabajo.
En este punto, Jesús Gómez ha explicado que si ha ordenado levantar hasta cuatro reparos suspensivos ha sido porque, de lo contrario, la plantilla municipal se habría quedado sin cobrar la nómina.
Además, ha considerado que no se puede cesar a los directores -como propone Intervención- porque podrían reclamar judicialmente su puesto de trabajo, con los perjuicios económicos que ello tendría para las arcas municipales.
“No se puede cesar alegremente a la gente”, ha apostillado al respecto el regidor.
Solo la mente "renacentista" de Jesús Gómez es capaz de ver cosas distintas al resto de los mortales. Es un genio incomprendido y ahora también IMPUTADO POR PREVARICACIÓN.
Lo que nunca fue Montoya lo ha sido Jesús Gómez. Otros vendrán que bueno te harán
El día 2 de diciembre, fecha de la noticia de Europa Press, el alcalde ya estaba imputado y se calló como una....
FUERA CARGOS DE CONFIANZA Y VAGOS. LOS IMPUESTOS Y LA RUINA GENERAL NO DA PARA REGALAR SUELDOS DE 50.000 euros como al que se alude.
Esto viene pasando de siempre, el dinero nunca aparece.
Ni los propios jerifantes del PP tienen seguro repetir.
Si hubieran dado todos los datos la juez de Leganés no podía admitir la denuncia, pues es competencia del Tribunal Superior de Justicia.
Probablemente los denunciantes temían que si presentaban la denuncia en el tribunal competente no tenían garantizado ni siquiera un titular.
Parece que está muy calculado todo.
En los dos casos son imputados, pero el equipo de Reaz es culpable y en este caso D. Jesús es un imputado inocente.
Perdón, perdón....que Arroyo era un imputado-culpable y Jesús es un imputado-inocente....
De hecho el PP es el partido que más imputados acoge en su partido con cargos superremunerados, y ahí le tienen: sacando mayorías absolutas aplastantes y VERGONZOSAS....
Y PP es el partido que más imputados ajenos critica, y pretende mandar a la pira crematoria para mayor gloria de su intachable talante democrático.
Creo que el Superpisacharcos del alcalde, no ha terminado de meter el cazo...
Lo siguiente, seguramente será paralizar las nóminas de todos los empleados del Ayto. Ergo, a pedir todos ADELANTOS de nómina.
Atentos a las próximas envestidas del superregidor no regente, algunas serán hasta graciosas.
Por cierto, hecho de menos al señor Ruf y Dña. Lola Montoro.
Sr. Ruf, deleitenos con su prosa hermosa. Dña. Lola, usted si que mola. (Si yo fuera poeta no ganaba ni una peseta).
Y Feliz 2014 para todos, menos para los que se aprovechan de lo público en beneficio privado. Lo público es de todos, no del que gobierna.
ya somos noticia nacional.....
O es que has metido la pata por tu incompetencia y petulancia?
Será eso, campeón
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/01/08/madrid/1389190172_549494.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2014-01-08/imputan-al-alcalde-de-leganes-pp-por-un-presunto-delito-de-prevaricacion_73846/
No se puede poner aquí lo que dijo de ella el alcalde, cuando supo que intentaba aún advertirle porque el señor Rioboo lo censuraría.
Y aún habló muy mal el alcalde de ella en más sitios, intentando barrenar su único bien en la vida, sus conocimientos. Menos mal que la gente, piadosa, lo cuenta todo y pide disculpas ajenas.
Y se llega al final del viaje, a ver si ahora las instrucciones de la presidenta respecto a imputados son procedentes, o se estiran como el chicle o se evaporan como cuando por casualidad caen gotas de agua encima de las brasas, sin pena ni gloria. Especialmente sin gloria y con importante impunidad, agravio comparativo y colección impecable de varas de medir, los pecados más gordos de este PP de 2014.
Da igual lo bien que se lleve el proceso, lo que exhala es pura ignorancia perfectamente evitable y tozudamente asumida. Una pena.
Como es aforado, ahora este juez que lo pase al TSJ y permanecerá imputado durante ocho años antes de que citen a alguién a declarar.
Con la que está cayendo en todo Madrid no se salva ni el tato, ya va siendo hora...
¿que hará la nueva interventora si se le vuelve a plantear el mismo caso con la nomina del mes de Enero? ¿Pondrá algún reparo?
Y si esto se produce, ¿que hará el alcalde? ¿volverá a levantar el reparo con otro decreto?
No se lo pierdan, proximamente en sus pantallas, el festival de los despropósitos...
Otros no pueden decir lo mismo, no hay nada como ser políticamente incorrecta verdad Lola quizás sea la alternativa a esta casta política que sufrimos.
Otros no pueden decir lo mismo, no hay nada como ser políticamente incorrecta verdad Lola quizás sea la alternativa a esta casta política que sufrimos.
Claro que se puede poner en Leganés la denuncia, que es el lugar donde se han cometido los supuestos delitos, pero ocultando el aforamiento. Lo normal sería que se hubiera presentado la denuncia en el Tribunal Superior, que es donde se instruirá el caso, si sigue adelante. Pero lo que interesaba es hacer ruido, y en el TSJM no lo tenían asegurado.
Tiene gracia que los que se presentan como los adalides contra la corrupción vayan de la mano de Montoya para beneficiarse de la utilización partidista de la justicia que practica el PSOE. ¿Eso no es corrupción?
Yo te Apoyo Jesús. Eres muy Grande, no hagas caso a las chorradas que se inventan para desprestigiarte
El artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, precisamente con el fin de dar más fuerza a la defensa de los aforados y con el fin de evitar que se enteren por la prensa de actuaciones judiciales en las que pudieran resultar incriminados, permite que incluso un juzgado de instrucción normalito, cuando existe una denuncia o indicios suficientes, cite al aforado a declarar como imputado y le permita ejercer en el propio juzgado de instrucción las actuaciones declarativas y de defensa que estime necesarias. Ello evitará una remisión innecesaria a procedimiento del Tribunal Superior, en su caso, o finalizará con el correspondiente traslado de las actuaciones al mismo.
Cuando la juez Alaya recurrió al artículo 118 bis para imputar a personas aforadas, el ministerio fiscal no negó tal posibilidad, sino que existiera denuncia, atestado policial o indicios suficientemente explicados que le permitieran hacerlo.
De manera que el juez de instrucción supongo que está cumplimentando un trámite de audiencia que es imprescindible entre otras cosas para proteger los derechos de defensa del alcalde.
Por cierto, el estatuto de "imputado" no requiere de suplicatorio o autorización parlamentaria, que solamente es precisa para "inculpar" o "procesar". Lo digo para más adelante. Y ni esto ni lo anterior vulnera en absoluto el mantenimiento de la condición de aforado en los términos previstos por el artículo 71.2 de la Constitución.
Dicho todo lo cual, triste me parece que la defensa del alcalde en este foro en contra de un presunto delito de prevaricación se base, no en la afirmación de su inocencia por los hechos que se le imputan, sino en exclusiva en el recurso a un privilegio procesal (el aforamiento) que ya hace muchos años debería haber desaparecido de nuestro ordenamiento jurídico en beneficio del principio de igualdad consagrado en los artículos 1 y 14 de la Carta Magna.
Que no mezclemos que mierda hay en todos los sitios y la mierda es siempre del mismo color y no me corto un pelo en decirlo siendo votante del PP aunque la decepción y la vergüenza no hay quien la aguante.
Legateccccc
"Dale poder a un hombre…y lo conocerás".
Pero también hay otro pensamiento que dice;
"A los políticos les interesa la gente, lo cual no siempre es una virtud. También a las pulgas les interesan los perros".
El juzgado de Alaya lleva el caso de los ERE contra ciudadanos normales y según va investigando hacia arriba van apareciendo aforados, y por eso se permite que declaren en un juzgado de instrucción. Sin embargo, la denuncia de PSOE-ULEG se presenta directamente contra un aforado y, desde el principio debe investigar el Tribunal Superior de Justicia. Si deben existir o no aforados es otra cuestión, pero mientras existan los aforamientos, el tribunal competente es el TSJM y es bastante sospechoso que se presenten denuncias en un juzgado ordinario para que continúe después el TSJM, con el consiguiente retraso en la tramitación, ocultando en la denuncia que se trata de un aforado.
Alguien dice que no hay que fijarse en que se ha presentado la denuncia en un juzgado incompetente, y que hay que centrarse en el delito, pero yo le diría que todo es importante, y que si se hubiera presentado la denuncia en el tribunal que establece la ley y no el buscado a la medida, posiblemente no hubiera habido el revuelo que se ha organizado con la imputación del alcalde que han conseguido en el juzgado de Leganés.
Los denunciantes lanzan las campanas al vuelo por la imputación del alcalde, pero no está tan clara la prevaricación, ni es comparable con el caso Cuadrifolio (como dice Enrique Díez Casado de UPyD Leganés) donde, además de incumplir el procedimiento, se acordó el pago de una carpa inexistente para un acto que nunca se celebró. Hubo arbitrariedad o desviación de poder. En el caso Nóminas, puede faltar el procedimiento, pero la figura del director general es legal, no son ficticios y cobran porque trabajan para el Ayuntamiento. Si debió ser el pleno quien acordase los nombramientos y no la junta de gobierno, eso puede ser causa de nulidad absoluta, pero no hay delito.
Ensuciar a los manchegos usando esta palabra que tan bien nos ha representado durante tantos años sólo lo puede hacer un cachuli que confunda una mancha con una raya, se restriegue por el suelo como un cerdo entre vómitos, se deje acompañar yaciendo por chinas de cierto pelo y se dedique a dar paseos de chinesseland al Pink Dollies Candil's World (quicir el puti'l Candil).
Aunque también puede construir esta obra el poco cerebro tarado que le queda a una mochifla que no sabe distinguir entre un matón para ir a los toros y el hilo de lo que esconde el pajarito. Si es que ir detrás de la raya del lindo mochiflo terminará mal.
Y, cómo no, el mochiflo Crispin de la caidita de Roma, más caliente que el campingas de Ivonne Reyes cuando se pasea con sus modositos, no tiene bastante con ponerle nombre de médico de familia (¡qué gran serie!) a una perra.
Aunque está salpicado también del carácter tenebroso de la mochifla perrito de coche, cabeza arriba cabeza abajo,y que ya nos está enseñando el culo a lo Burt Simpson en lugar de mover la cabeza.
Por no hablar de la mochifla galopa y corta el viento caminiiiito de Jerez. O de esa mochifla prima lejana de Carmen de Mairena que con su forma rizomatosa crece en charcas y pantanos (o en cualquier ambiente, hostil o no). O de ese mochiflín que está más liado que una gitana en un water que no sabe si limpiarse el fistro o lavarse la grifería.
También puede tener la huella digital de la negra y premurosa mano de la mochifla general al grito de "quieto todo el mundo, al suelo" y la única que no se reboza porque ya vive en la cochiquera es la pariente tudesca del sus scrofa.
Y el final lo pudieron escribir las más famosas de las muñecas, la chochona coloretes y la Barbie Belén Esteban, pensadora y escritora.
Ese es el auténtico equipo Jaaaar, y no el que forman el boinas, el milindres, el risitas, la pitu, el gordo espía, el hermanísimo, la ausente, la mochifla general, el espía sordo, el repeinaito, la que es más inútil que un supositorio con sabor a fresa y el DeMósteles.
Pd: Busquen, comparen y si encuentran algo mejor mándelo al "epicentro pétreo".
Siniestro, nos vemos.
Esto es la ley del embudo, estrecho para los demás y ancho para él.
Alcalde Imputado, DIMISIÓN O CESE !!!!!
El juzgado es el que abre diligencias previas y en función de ello se derivará al TSJ o se archivará la causa o lo que proceda.
Estas paranoias de la catedrática son de flipar. Y si llega el Tribunal Supremo y condena a Jesús Gómez dirá que es que son todos del PSoe y de pequeños sufrieron las burlas del sr. Gómez.
A ver si dejamos las teorías de la conspiración. Una juez ha imputado al alcalde por prevaricación, por pasarse por el forro lo que le dicen dos interventoras y un habilitado, los tres fichados por el propio alcalde. Esto merece al menos ser estudiado y todo el reproche político, amén del penal.
Denunciar las irregularidades que se cometen en el ejercicio del poder está muy bien y es lo que nos puede salvar de la barbarie, pero también es cierto que los que los aspirantes al poder en ocasiones utilizan las denuncias de supuestos delitos que no existen para desgastar al partido gobernante y buscar atajos que le lleven al poder.
En Leganés se ha desatado una guerra sucia feroz por parte de dos partidos de la oposición para desgastar al actual gobierno y no van a parar de poner denuncias penales con escaso o ningún fundamento, porque ni siquiera hacen el esfuerzo de prepararlas, pues todo es un corta y pega de lo que encuentran por internet o de cualquier escrito que les confecciona algún funcionario para la ocasión.
Hay que escuchar a los demás, porque aunque uno sea grande, 1+1+1`+1+1.... siempre serán más, cubrirán más frentes y se defenderán mejor.
Gobernar a lo Juan Palomo, hoy por hoy no es viable. Por no hablar de los daños colaterales, de los enemigos que se crean y de las trampas en las que se caen.
¿otra vez será?
puede
¿Pero quién va a confiar en quien no confía en nadie?
Y sobre las sugerencias de judeomasónica, un poco de compostura. Si hay una pillada como la actual la defensa requiere un poco más de nivel.
¿Quién quiere una pista para la defensa?
Pues eso, con tanto tiempo al borde del precipicio es lo que había que haberse currado, en vez de entretenerse descabezando a los verdaderamente solventes y capaces de ver esa defensa.
A ver ahora si en un par de horas aparece en las cabezas brillantes del bunker.
Pero en la denuncia presentada por PSOE-ULEG, los denunciantes conocen perfectamente que el alcalde es diputado regional y que las denuncias contra él han de presentarse en el Tribunal Superior. Todavía no han explicado por qué presentan una denuncia en un juzgado incompetente, denuncia que haría el mismo recorrido que el caso Cuadrifolio: primero, en el juzgado de Leganés, luego TSJM y vuelta a los juzgados ordinarios si en 2015 Jesús Gómez no va en las listas a la Asamblea. Si los denunciantes buscasen la persecución de un delito no daban esos rodeos inexplicables.
Con la denuncia presentada en Leganés, el PSOE fue a tiro hecho, para que la tramitase uno de sus juzgados amigos y conseguir la imputación que le diera un titular. Luego, ya se verá, pues personándose como acusación popular pueden mantener vivas las diligencias artificialmente presentando recursos contra todas las resoluciones judiciales.
Que no nos vengan con que los jueces partidistas solo están en el otro bando, que la izquierda no instrumentaliza la justicia. Ni todos los jueces al servicio de los partidos están en otros sitios y que no digan que en Leganés el PSOE no tiene jueces de su cuerda que colaboran cuando se les pide. En Leganés tienen al menos tres juzgados dispuestos a echarles una mano en la guerra contra el PP y contra las personas que no son de su agrado: los números 4, 5 y 8. Mucha casualidad que las denuncias contra el alcalde se presenten cuando está de guardia uno de estos juzgados, y que para mayor inri sean incompetentes para instruir causas contra el alcalde por su doble condición de alcalde y diputado regional.
En el nombramiento de los directores generales puede haber una irregularidad contable, que se les esté pagando con cargo a una partida que no es la adecuada, pero no cualquier irregularidad convierte a los responsables de la gestión en delincuentes.
La situación de los directores generales de Leganés puede producirse en todos los ayuntamientos donde el partido gobernante no tiene mayoría absoluta, no es exclusivo de Leganés. El gobierno nombra los directivos que considera oportuno a veces contando con un apoyo ofrecido por la oposición que luego no se da, y eso es lo que ha ocurrido en Leganés con algún partido de la oposición.
Próximamente en yutuve.
Y no lo dudes, nos vemos, en su momento......aunque antes voy a sodomizar un poquito la situación que tu mismo has buscado. Según tengo entendido, tienes muchas hipotecas abiertas por Leganés. Tendré que hacer cola.....pero nos vemos seguro. No tendrás que esforzarte, ya me encargo yo.
Repito dos. Aunque exista aún en la ley el aforamiento es una indecencia y quien se escuda en él para ocultar su responsabilidad penal es un sinvergüenza que quizá actúe legalmente, pero un sinvergüenza. Los ciudadanos deben tomarlo en consideración.
Parece que los medios habituales estuvieran en huelga. Ni Canal 33 ni Teleganes la están retransmitiendo.
Las denuncias se pueden presentar en cualquier juzgado, pero este tiene la obligación de remitir la denuncia inmediatamente al juzgado competente, que es el del lugar de la comisión del delito o si la persona tiene un fuero especial, al Tribunal Superior de Justicia o al Tribunal Supremo.
Eso que dices de garantizar la defensa del aforado es para los casos como los ERE en que se han iniciado actuaciones contra personas no aforadas y aparecen en el curso de la investigación aforados que pueden tener responsabilidad.
Querer justificar la presentación de una denuncia contra el alcalde en un juzgado que no es competente buscando parecidos con las actuaciones de la juez Alaya es una milonga como otra cualquiera que no se sostiene con la ley en la mano.
Los denunciantes saben que el alcalde es aforado y lo han ocultado interesadamente en la denuncia y posiblemente la juez también lo sabe, todo lo que indica que, de entrada, no hay buena fe en la denuncia.
Si en la denuncia se hubieran indicado todas los datos como es el aforamiento del denunciado la juez no hubiera podido hacer otra cosa que remitir la denuncia al Tribunal Superior de Justicia.
Desconozco si el gobierno local en otros casos haya podido cometer delito (en el caso de los directores generales no parece que sea así), pero lo que no es de recibo es la actitud de la oposición, no solo denunciando a la ligera sino hasta inventando actuaciones judiciales que no existen.
Para algunos lo único que importa es pedir la dimisión, inventándose la imputación si hace falta para difundirlo rápidamente por todos los medios informativos.
De ahora en adelante habría que exigirle a los políticos locales que cuando hablen de imputaciones judiciales de los adversarios publiquen íntegramente las resoluciones de los jueces, porque no se les puede creer ni una palabra de lo que dicen. Que en Leganés hagan lo mismo que los medios han hecho con la imputación de la Infanta publicando las casi trescientas páginas del auto para que el que tenga la suficiente paciencia pueda leerlas. No basta con decir que con fecha tal y tal el juzgado imputó de un delito a fulano de tal, porque resulta que después se comprueba que es todo pura intoxicación y mentira.
Para algunos lo único que importa es pedir la dimisión, inventándose la imputación si hace falta para difundirlo rápidamente por todos los medios informativos.
De ahora en adelante habría que exigirle a los políticos locales que cuando hablen de imputaciones judiciales de los adversarios publiquen íntegramente las resoluciones de los jueces, porque no se les puede creer ni una palabra de lo que dicen. Que en Leganés hagan lo mismo que los medios han hecho con la imputación de la Infanta publicando las casi trescientas páginas del auto para que el que tenga la suficiente paciencia pueda leerlas. No basta con decir que con fecha tal y tal el juzgado imputó de un delito a fulano de tal, porque resulta que después se comprueba que es todo pura intoxicación y mentira.
Es después cuando se tramita el suplicatorio, si procediere, y se inicia el enjuiciamiento por el tribunal superior que sea, o el Supremo.
Es decir, que el juzgado de instrucción no sólo no tiene que remitir de inmediato el expediente al Tribunal Superior, sino que si lo hace sin diligencias de individualización, toma de declaración y determinación de hechos, el Tribunal Superior se lo devolverá para que complete las diligencias.
Y afirmo por tercera vez: las personas decentes no se escudan en el aforamiento; es un privilegio procesal indecente y arcaico que ya no existe en países de nuestro entorno. Es un escándalo que se mantenga y un hecho que debe repugnar a cualquier ciudadano honrado. El político decente debe responder sobre el fondo desde el primer momento.
A ver si así sucede.
Por cierto, lección que se le ha dado a la catedrática por el anónimo de las 14.49.
La catedrática se cree que sabe de todo y su libreto está muy desfasado, por eso ya no tiene clientela
Lo que es innegable es que los denunciantes han elegido un juzgado a su medida, afín al PSOE y, visto el desarrollo de los acontecimientos, no sería extraño que el error de denominar imputado al que, hoy por hoy, solo es denunciado no sea tan involuntario como podría pensarse y que alguien (no necesariamente la juez, puede ser el encargado de la transcripción) haya querido dar a los denunciantes, si no la imputación, al menos un titular para utilizar mientras se deshace el equívoco.
Lo que está consiguiendo la oposición con el linchamiento sin tregua a Jesús Gómez es que personas que no pertenecemos a su entorno personal o político simpaticemos y nos identifiquemos con él por haberlo convertido en víctima de una guerra sin cuartel, pues cualquiera podemos ser víctimas de una persecución parecida.
¿Quién puede simpatizar con un chapucero? Porque lo que lleva haciendo desde que gobierna son chapuzas, una tras otra y claro, es normal que la oposición le pille. Para eso está para controlar y denunciar las chapuzas.
Porque yo no se si será delito lo de los directores generales pero es una chapuza como un piano, indigna de quien debe gobernar una gran ciudad como la nuestra.
No se puede defender a un chapucero salvo que a uno le vayan los garbanzos en ello.
Están llamadas a declarar y se da por hecho que se ratificaran.
Por lo tanto caso hay .
Es muy grave y deja su ejemplaridad a la altura del barro, de la basura.
Veremos como sigue esto pero también pienso que no acabará bien.
No espere más, alcalde, en bien de nuestra ciudad ¡váyase!
Cuánto más tarde peor.
En su estilo, vamos.
La jueza decidirá si imputa al alcalde de Leganés cuando tome declaración a testigos
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Alcalde de Leganés, Jesús Gómez
Foto: EUROPA PRESS
MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -
La juez de Instrucción número 5 de Leganés decidirá si imputa o no al alcalde de Leganés, Jesús Gómez (PP), en relación con la denuncia del PSOE y 'Unión por Leganés' (ULEG) que le acusa de prevaricar en el nombramiento de cuatro altos cargos, cuando tome declaración a varios testigos y compruebe que hubiera indicios sobre la comisión de ese delito.
Así lo han señalado a Europa Press fuentes jurídicas, que han precisado que por ahora la magistrada ha abierto diligencias previas para investigar la denuncia contra el regidor de esta localidad madrileña y, que de momento Gómez no está imputado.
La juez llamará a declarar como testigos a los funcionarios del Ayuntamiento que intervinieron en la nombramiento fuera de cupo de algunos cargos. De este modo, tratará de conocer el protocolo de nombramientos y si hubo algún tipo de irregularidad en los mismos.
Ayer mismo, el alcalde ofreció una rueda de prensa en la que aseguró que "no existe auto formal de imputación" sobre su persona por parte del juzgado de Instrucción número 5 de Leganés a raíz de la denuncia por una presunta prevaricación por el pago a los directores generales del Ayuntamiento y por el levantamiento de cuatro reparos suspensivos interpuestos por la Intervención municipal.
En este sentido, Gómez dijo que tampoco el juzgado le ha citado a declarar como imputado ni el Ministerio Fiscal ha calificado "si hay indicios de delito", al margen de que no se han producido testificales en las diligencias previas abiertas.
Además, el primer edil leganense señaló que el juzgado no ha pedido al Ayuntamiento el "expediente administrativo" para estudiar si, efectivamente, pudo cometerse algún ilícito penal.
En estos documentos, según ha detallado, aparece la justificación de por qué el regidor levantó en cuatro ocasiones los reparos suspensivos de Intervención sobre el pago de las nóminas a la plantilla municipal.
La acusación, es posterior, pero no es el tema en estos momentos. Mas le valía al alcalde aclarar si hay motivos o no para ir contra él, y no aferrarse a la inexistencia de un Auto que no se necesita.
Si no tienen ni idea, fueron los últimos en enterarse, e hicieron como el caso facturas de Montoya, guardar silencio.
Son unos arrimados al poder, supongo que para pillar.
Fiabilidad=====0000000000000
Sabios somos, colectivamente, que no de modo individual, y sabremos votar a unos, y botar a otros.
Lo de la imputación un capítulo más del encanallamiento político de este pueblo.
Que eso es pueblo, con espíritus mezquinos deseosos de comadreo, y llenos de envidiosa mezquindad.
La imputación, un mero trámite del que resultará un nuevo parto de los montes, nacerá un fistro, el ridículo eterno de la oposición desleal de este pueblo.
Ganad las elecciones, y así tomareis el poder.
Los atajos no valen.
"MIENTRAS LADRAD, "MONSTRUOS" DE LEGANESS".
Ruf.