ULEG y PP criticaron la pasividad de la Concejalía de Urbanismo ante esta infracción urbanística grave ocurrida hace tres años.
"Que sepan los vecinos que ahora la Concejalía le coge los papeles para legalizar lo ilegalizable. ¿Esperan que prescriba el expediente sancionador?", dijo la edil 'popular' Dolores Montoro.
"Ustedes miran hacia otro lado ante la infracción de este señor", señaló Delgado.
Ciudadanos por el Cambio fue quien denunció en 2007 la destrucción del patrimonio histórico.
El concejal de Urbanismo, Raúl Calle, ha afirmado en el pleno de este lunes que podría sancionar con entre 600.000 y 3 millones de euros al propietario de la ermita de la Mora que, amparándose en una licencia de "rehabilitación y consolidación" del monumento del siglo XVI, derribó totalmenre este edificio histórico en noviembre de 2007.
Ante la moción de ULEG, que reclamaba que se sancionara inmediatamente por "infracción urbanística grave" al dueño y destructor de la ermita, Calle recordó que el 21 de noviembre de 2007 Urbanismo actuó y seguidamente la Policía Local paralizó la obra -ya se había derruido la ermita-, siendo entonces cuando el propietario de la finca recurrió la paralización, perdiendo el recurso en el juzgado la semana pasada.
Por eso, tanto PP como ULEG, han exigido hoy al concejal de IU que sancione al dueño de la Mora.
Calle añadió que ha informado de la decisión judicial a la Junta de Gobierno y que ahora espera el informe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento para iniciar el expediente sancionador por el derribo de la ermita de la Mora.
La multa que se aplicaría, según el responsable de Urbanismo, es la que refleja la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid para estos casos: entre 600.000 y 3 millones de euros.
"Que sepan los vecinos que ahora la Concejalía le coge los papeles para legalizar lo ilegalizable. ¿Esperan que prescriba el expediente sancionador?", dijo la edil 'popular' Dolores Montoro.
"Ustedes miran hacia otro lado ante la infracción de este señor", señaló Delgado.

El concejal de Urbanismo, Raúl Calle, ha afirmado en el pleno de este lunes que podría sancionar con entre 600.000 y 3 millones de euros al propietario de la ermita de la Mora que, amparándose en una licencia de "rehabilitación y consolidación" del monumento del siglo XVI, derribó totalmenre este edificio histórico en noviembre de 2007.
Ante la moción de ULEG, que reclamaba que se sancionara inmediatamente por "infracción urbanística grave" al dueño y destructor de la ermita, Calle recordó que el 21 de noviembre de 2007 Urbanismo actuó y seguidamente la Policía Local paralizó la obra -ya se había derruido la ermita-, siendo entonces cuando el propietario de la finca recurrió la paralización, perdiendo el recurso en el juzgado la semana pasada.
Por eso, tanto PP como ULEG, han exigido hoy al concejal de IU que sancione al dueño de la Mora.
Calle añadió que ha informado de la decisión judicial a la Junta de Gobierno y que ahora espera el informe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento para iniciar el expediente sancionador por el derribo de la ermita de la Mora.
La multa que se aplicaría, según el responsable de Urbanismo, es la que refleja la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid para estos casos: entre 600.000 y 3 millones de euros.
Comentarios
La multa, para los casos en que es posible la legalización de lo realizado sin licencia es mínima.
Calle ha visto que las patrañas de Castejón y el informe de la técnica hecho a la medida del infractor sólo le sirven para hundirse más electoralmente, y ahora sale con que según la Ley del Suelo las infracciones muy graves se sancionan con multas de 600.000 a 3.000.000 euros. Tendría que decir primero si el expediente sancionador se basará en el informe de la Técnica jurídica y las teorías de Castejón.
¿A qué espera Calle para continuar y exigir responsabildades al constructor? Las multas son equivalentes al importe del beneficio obtenido por el infractor, que es el valor de los veintitantos chalés edificados ilegalmente. Es bastante más que lo de la ermita de la Mora.
¿Cuál es el motivo de la paralización de este expediente sancionador? Supongo que también pretende legalizar las obras ilegales
Se nota demasiado que actúan en connivencia.
¡Hay que ser hipócrita! Donde dije digo, ahora digo Raúl, perdón, digo Diego. A la calle sin honor ni dignidad.
Ciudadano Crítico.
Menudo chollo que tienen los especuladores con Calle y Montoya. En cualquier otro ayuntamiento de la región, para empezar, no hubieran concedido semejante licencia, pues todo el mundo sabe que con la excusa de la rehabilitación se le mete la piqueta y no quedan ni los cimientos.
Se ponga como se ponga quien se ponga
Leganés en Mayo de 2011 dejará de estar gobernado por la izquierda
Así de claro y así de sencillo
6 meses y descontando
TIC, TAC, TIC, TAC
Tendrá que convencerse la gente de que es necesario el relevo en el Ayuntamiento.
Supongo que leer tanto tic, tac, a más de uno le pone nervioso, porque le recuerda lo inevitable, pero también cansan mensajes tan repetitivos.
¿Alguien entiende eso?
Calle nunca va a sancionar a nadie.
Nunca han vivido tan bien los infractores en materia de urbanismo e industrias.
A los casos nos referimos, son tantos y tantos que no se sancionan...
En el caso de la ermita de la Mora, ni siquiera el infractor ha pedido que se suspenda la ejecución, ni ante el Ayuntamiento ni en el Juzgado. Ha sido el Ayuntamiento el que se ha adelantado diciendo que no va a iniciar ningún trámite hasta que no haya sentencia firme, invitando al infractor a que apele la sentencia.
El único problema que tienen para no iniciar el expediente sancionador y darle el carpetazo definitivo al asunto, no es la sentencia o los recursos, sino las elecciones municipales. Esa es la verdadera causa de los aplazamientos, que quieren favorecer al propietario infractor, pero no se atreven a terminar el asunto antes de mayo de 2011, porque quedaría en evidencia que el derribo lo habían planeado conjuntamente entre propietario y Urbanismo. Ahora mismo el suelo es de protección y no es edificable, pero no sería extraño que el propietario, cuando se atrevió a iniciar una nueva edificación es porque tenía el compromiso de Urbanismo de que finalmente se legalizaría (tanto el derribo como la nueva construcción) modificando los usos en el Plan General, revisión del PGOU que Calle pensaba tramitar en esta legislatura, pero que no le ha salido bien por falta de acuerdo con la oposición.