Una de las tres denuncias de ULEG contra la gestión irregular del equipo de Gobierno (PSOE-IU).Unión por Leganés (ULEG) denuncia pagos irregulares del Ayuntamiento en 2008 valorados en 2,2 millones de euros realizados por PSOE-IU a pesar de que había 108 informes en contra de la Interventora municipal.
El portavoz de ULEG, Carlos Delgado, denuncia el pago de 2,2 millones por parte del Ayuntamiento sin contrato ni procedimiento previo. "Son los reconocimientos extrajudiciales de crédito, que aparecen intervenidos de forma negativa y expresa por parte de la interventora municipal en 108 informes", señala. Los independientes ya tienen tres casos similares en el juzgado.
"Este proceder manifiestamente grave e irregular por parte de los responsables municipales pone de manifiesto, una vez más, tanto la falta de rigurosidad y el descontrol existente, como las presuntas corruptelas que podrían acompañar a muchos procesos de contratación", añade.
En uno de los 108 informes negativos de la Interventora que se opuso en 2008 al pago de facturas que, al final, han costado 2,2 millones de euros a las arcas municipales, se recogen afirmaciones como:
“Nos encontramos ante un supuesto de un gasto periódico consistente en el mantenimiento de una instalaciones destinadas a la prestación de un servicio público, cuya tramitación deberá ajustarse a lo previsto en la legislación vigente” (…) “debería haberse tramitado el correspondiente expediente de contratación” (…) “sin que a pesar del tiempo transcurrido se haya procedido a la contratación del servicio” (…) “sin haber seguido trámite alguno para su contratación” (…) “sin que se haya procedido a regularizar la situación mediante la tramitación del expediente de contratación correspondiente” (…) “que tampoco consta que se hubiera efectuado, en su día, acto interventor de fiscalización previa” (…) “La resolución que se dicte podría dar lugar a la exigencia de responsabilidades a que se refiere el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo”.
Es más, en el informe nº 108 se avisa incluso de que se esté incurriendo ante una circunstancia especialmente prohibida en la ley: el fraccionamiento del contrato. Una fórmula ilegal para evitar, en función de la cuantía del mismo, someter el proceso de contratación y adjudicación a más requisitos y control.
En la Justicia: Casos Conalsa y Cosersa
Desde ULEG se destaca que muchas de estas actuaciones se han denunciado en los plenos y ya se han llevado a los juzgados por el concejal del partido local Carlos Delgado porque suponen “un grave perjuicio a los intereses generales, ponen en entredicho la competencia y la igualdad de oportunidades y es un incumplimiento clamoroso de las normas relativas a la contratación de las administraciones públicas, como señala en más de un centenar de ocasiones la Intervención de este Ayuntamiento”.
Desde ULEG se señaló que “estamos ante un gobierno local que durante 30 años se ha acostumbrado a creer que Leganés es su cortijo y donde no hay más ley que su capricho. A ver si ante la Justicia y con los innumerables casos que se les vienen encima son tan prepotentes como con los ciudadanos y con la oposición política”.
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