Las querellas se interponen tras conocer dos informes realizados por un despacho de abogados especializado, contratado por EMSULE, en los que se ponen de manifiesto diversos hechos que pudiesen ser constitutivos de delito. El pasado mes de octubre EMSULE contrató a un despacho de abogados independiente después de que la Asesoría Jurídica de la empresa encontrase diversas irregularidades.
El alcalde de Leganés, Santiago Llorente, ha explicado hoy junto al vicealcalde Enrique Morago, el fondo de las dos querellas interpuestas por EMSULE en base a los dos informes realizados por el despacho de abogados.
Pagos realizados a una constructora con un "perjuicio total irrogado a EMSULE de 2,7 millones de euros”
La segunda querella viene derivada del segundo informe y también se plantea en base a un presunto delito de prevaricación y malversación. En este caso, obedece a la gestión de los pagos realizados a una constructora por la finalización de las obras de una promoción de viviendas públicas en el barrio de Poza del Agua de Leganés (PP5). La querella se centra en "la liquidación del contrato de obras que ejecutó la constructora Ogensa", que habría formulado unas reclamaciones que habrían supuesto un "perjuicio total irrogado a EMSULE de 2,7 millones de euros”.
Utilización de un laudo arbitral con peritos que ya se conocían
La constructora reclamaba unas cantidades a pesar de que el contrato firmado con la empresa municipal establecía un precio cerrado. La Empresa Municipal del Suelo acabó reconociendo algunas de las cantidades adeudadas por la constructora y lo hizo en base a un procedimiento diferente, un laudo arbitral en el que ambas partes fijaron sendos peritos para buscar un acuerdo. Según se pone de manifiesto en los informes, esos peritos se conocían entre sí, todos acabaron dando la razón a la constructora, atacando y lesionando los intereses de EMSULE, que acabó pagando muchísimo más de lo que en principio reclamaba la propia constructora.
En la querella, la empresa pública pide que se cite a declarar a los responsables de la constructora y a todos los técnicos que participaron en el laudo arbitral, así como a Carlos Delgado, portavoz de ULEG. En total se cita a declarar a una decena de personas.
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