La situación en las residencias de Leganés continúa siendo preocupante. En mitad de una pandemia en la que el COVID19 se ha cobrado desde marzo la vida de 195 personas residentesen las ocho residencias de Leganés (Domus Vi, Vitalia Home, Parque Los Frailes, Los Balcones, Nuestra Señora de Butarque, Amavir El Encinar, Valdepelayo y Valdeluz), la Comunidad de Madrid sigue sin atender sus obligaciones para medicalizar dichos centros.
Pese al auto emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el pasado 27 de abril, exigiendo la medicalización de los centros "para garantizar la protección de la salud en las residencias de mayores", un informe del Jefe de Policía Local de Leganés verificaba su incumplimiento.
En dicho informe se indicaba que no se había dotado de 'personal médico, de enfermería, ni de auxiliar sanitario concreto a cada una de las residencias en número que permita constatar la adecuada atención sanitaria ante la que nos encontramos'.
Con fecha del miércoles 6 de mayo de 2020, la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) emite un segundo auto, en respuesta a un escrito del Ayuntamiento de Leganés en base al informe policial, con la obligación de dotar de personal y material necesario a las ocho residencias del municipio y le impone la obligación de detallar estas medidas cada siete días, algo similar a lo que ha ocurrido con las residencias de Alcorcón, donde Podemos impulsó la solicitud de la medicalización.
El auto obliga a la Comunidad a que "se informe a esta Sala de las medidas concretadas adoptadas para cumplir lo acordado", un informe que "deberá remitirse cada siete días naturales", tras su notificación. La resolución judicial reitera que "de manera inmediata" la Consejería de Sanidad debe proceder a dotar "de personal sanitario necesario, así como de las medidas y los medios materiales precisos para llevar a cabo pruebas diagnósticas y cumplir lo previsto en la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo".
Aunque este auto puede ser recurrido en casación ante el Tribunal Supremo, previo recurso de reposición, instamos a la Comunidad de Madrid a que lo acate a la menor brevedad y no ponga en peligro por más tiempo a las personas mayores residentes en estas residencias. Se ha perdido mucho tiempo desde que a mediados de marzo el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (Partido Popular), prometió que los geriátricos se iban a medicalizar, como ha reconocido públicamente el consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero (Ciudadanos). El gobierno autonómico nunca envió el refuerzo sanitario prometido frente al COVID 19.
Es muy grave que los tribunales tengan que solicitar por segunda vez algo tan básico y de sentido común para proteger la vida nuestros mayores.
