• Lleva al juzgado la aprobación (en el pleno del 30 de diciembre 2019 y con el voto favorable de PSOE y errejonistas) del pago de dos facturas cuyos expedientes habían sido calificados como “desfavorables” por la Intervención del Ayuntamiento.
• “El informe de Intervención es contundente: dice textualmente que estaríamos ante una contratación verbal expresamente prohibida por la ley de contratos del sector público y, lo que es peor, que no queda acreditado que el servicio del que se deriva esa factura fuese prestado. Llorente ha tenido tiempo de rectificar, no lo ha hecho. Él nos obliga a acudir a la justicia. Contra el despotismo, la ley”, señala el portavoz 'popular'.
• “Reitero lo dicho. Prevaricar es un delito que consiste en que un servidor público tome a sabiendas una resolución no ajustada a la ley. Si la Intervención y la oposición ha avisado al alcalde de la posibilidad de que esté prevaricando y él ha hecho oídos sordos, ¿de qué estaríamos hablando? Blanco y en botella”, aclaró Recuenco.
El Partido Popular de Leganés ha denunciado en los juzgados de nuestra ciudad la presunta prevaricación cometida por el alcalde socialista, Santiago Llorente, en un pleno extraordinario celebrado el pasado 30 de diciembre de 2019.
Miguel Ángel Recuenco, presidente y portavoz 'popular', figura como denunciante en un documento en el que se denuncia la aprobación (en el citado pleno 30 y con el voto favorable del gobierno de socialistas y errejonistas) del pago de dos facturas cuyos expedientes habían sido calificados como “desfavorables” por la Intervención del Ayuntamiento.
“El informe de Intervención es contundente: dice textualmente que estaríamos ante una contratación verbal expresamente prohibida por la ley de contratos del sector público y, lo que es peor, que no queda acreditado que el servicio del que se deriva esa factura fuese prestado. Llorente ha tenido tiempo de rectificar, no lo ha hecho. Él nos obliga a acudir a la justicia. Contra el despotismo, la ley”, ha informado Recuenco.
”Reitero lo dicho en su día. Prevaricar es un delito que consiste en que un servidor público tome a sabiendas una resolución no ajustada a la ley. Si la Intervención y la oposición ha avisado al alcalde de la posibilidad de que esté prevaricando y él ha hecho oídos sordos, ¿de qué estaríamos hablando? Blanco y en botella”, finalizó.
• “El informe de Intervención es contundente: dice textualmente que estaríamos ante una contratación verbal expresamente prohibida por la ley de contratos del sector público y, lo que es peor, que no queda acreditado que el servicio del que se deriva esa factura fuese prestado. Llorente ha tenido tiempo de rectificar, no lo ha hecho. Él nos obliga a acudir a la justicia. Contra el despotismo, la ley”, señala el portavoz 'popular'.
• “Reitero lo dicho. Prevaricar es un delito que consiste en que un servidor público tome a sabiendas una resolución no ajustada a la ley. Si la Intervención y la oposición ha avisado al alcalde de la posibilidad de que esté prevaricando y él ha hecho oídos sordos, ¿de qué estaríamos hablando? Blanco y en botella”, aclaró Recuenco.
El Partido Popular de Leganés ha denunciado en los juzgados de nuestra ciudad la presunta prevaricación cometida por el alcalde socialista, Santiago Llorente, en un pleno extraordinario celebrado el pasado 30 de diciembre de 2019.
Miguel Ángel Recuenco, presidente y portavoz 'popular', figura como denunciante en un documento en el que se denuncia la aprobación (en el citado pleno 30 y con el voto favorable del gobierno de socialistas y errejonistas) del pago de dos facturas cuyos expedientes habían sido calificados como “desfavorables” por la Intervención del Ayuntamiento.
“El informe de Intervención es contundente: dice textualmente que estaríamos ante una contratación verbal expresamente prohibida por la ley de contratos del sector público y, lo que es peor, que no queda acreditado que el servicio del que se deriva esa factura fuese prestado. Llorente ha tenido tiempo de rectificar, no lo ha hecho. Él nos obliga a acudir a la justicia. Contra el despotismo, la ley”, ha informado Recuenco.
”Reitero lo dicho en su día. Prevaricar es un delito que consiste en que un servidor público tome a sabiendas una resolución no ajustada a la ley. Si la Intervención y la oposición ha avisado al alcalde de la posibilidad de que esté prevaricando y él ha hecho oídos sordos, ¿de qué estaríamos hablando? Blanco y en botella”, finalizó.
Comentarios
En el informe de Intervención no dice que se ha comprobado la ejecución material de la prestación; solo dice que no constan en el expediente ni el contrato ni el cumplimiento de la prestación.
Conste o no en el expediente, antes de presentar denuncias penales se debe averiguar si se han prestado los servicios a que se refieren las facturas.