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Leganés lidera la "burbuja" de los alquileres de vivienda en Madrid, denuncia la PAH

2018: Leganés (subidas del 31%) y toda el área metropolitana de Madrid (15%) necesitan una congelación por ley de los alquileres, al igual que todo el resto del país.

Declaración y comunicado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid, la PAH Leganés, la Asociación Afectados en Defensa de los Afectados por la Vivienda (ADAV) de Parla, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Hospitalet de Llobregat - ACS, la PAH Bierzo-CyL Oficial y la Asociación por el Alquiler Público y Asequible (500x20) de Barcelona; sobre la situación actual y las posibilidades futuras del mercado del alquiler de vivienda.

El encarecimiento del precio de un derecho básico como es la vivienda es un fenómeno mundial que afecta en mayor o menor medida sobre todo a las grandes áreas metropolitanas, donde se concentra la mayor parte de la población. Si en el 2016 eran Barcelona y Madrid las que lideraban los aumentos de los precios de la vivienda de compra y alquiler, hoy esas subidas se han trasladado como una ola a toda su área metropolitana. Y en 18 años, desde el inicio de siglo, ya es la segunda burbuja que sufrimos en la vivienda.

El origen y causa de esta nueva burbuja inmobiliaria hay que buscarla en las inyecciones masivas de dinero de los Bancos centrales, que han convertido la vivienda en un activo central de inversión para el capitalismo financiero que ha transformado la vivienda en un lujo inalcanzable para las clases populares. Los mercados de capitales y de renta fija hipotecaria son el núcleo de esta contrarevolución sobre el derecho a la vivienda, donde la Banca española tiene toda la responsabilidad, con el apoyo vergonzante y vergonzoso de todos los estamentos políticos y judiciales, de vender a precio de saldo el parque inmobiliario resultado del hundimiento del sistema de Cajas de Ahorros.

Fondos buitres especulan


A la ola especulativa del alquiler se han subido desde fondos buitres extranjeros, que operan desde paraísos fiscales, hasta el propietario marginal que exige incrementos abusivos de hasta el 50% de la renta de alquiler, mientras practica el fraude fiscal. La población sólo ve la punta del iceberg especulativo cuando la ex-alcaldesa de Madrid Ana Botella vendió a muy bajo coste al fondo buitre Blackstone 1860 viviendas sociales municipales en una operación de intereses oscuros, que recuerdan aún “el Tamayazo” que dio la victoria y la Comunidad al Partido Popular durante décadas. La ausencia de un parque de vivienda pública de alquiler social y asequible es ahora una losa en nuestro país y también la otra cara de la moneda de la promoción de "la sociedad de los propietarios" franquista, a la izquierda patria nunca renunció como máquina de crecimiento económico en estas décadas.

Da igual el informe que se mire, porque todos reflejan la misma tendencia: el precio de la vivienda bate récords en medio de una profunda depresión de los salarios que han sufrido los trabajadores desde la última crisis. El informe del portal inmobiliario Fotocasa indica eso, pero ha llamado especialmente la atención el top de subidas en el alquiler, de dos dígitos, que se ha trasladado a municipios como Leganés, en Madrid, con una variación de 30,9% y le siguen, Sabadell (29,6%), Fuenlabrada (29,1%) y Terrassa (23,5%), entre otras. A su vez, toda el área metropolitana de Madrid ha tenido una subida interanual media en 2018 del 15%.

Esas subidas son especulativas y abusivas.

Son especulativas porque no existe ninguna razón económica de encarecimiento de la construcción ni mejoras significativas de habitabilidad ni eficiencia energética en el parque de viviendas de alquiler, que suelen tener una vida media entre 50 a 100 años, sobre todo en Madrid capital, por lo que están sobradamente amortizadas más de una vez. Son abusivas porqué el mercado está manipulado en el lado de la oferta y las continuadas reformas de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) desde el 1994 han dejado totalmente indefenso al inquilino delante de la propiedad. Esos abusos se aplican en toda la relación contractual con la más absoluta pasividad de la Administración, como muestra el hecho que en nuestra Comunidad más del 50% de las fianzas de alquiler no están depositadas en la Agencia de Vivienda Social (AVS – antiguo IVIMA), como se ha denunciado en el Parlamento autonómico.

El resultado ha sido un incremento espectacular de los desahucios en las viviendas de alquiler, que se suman a los hipotecarios con lanzamientos, los cuales rodos ellos niegan los más elementales derechos de los ciudadanos expulsados de sus viviendas sin alternative habitacional alguna, vulnerando los jueces y la policía implicada los convenios internacionales de Derechos Humanos firmados por el Estado español y lo que la propia Constitución declara en el artículo 47. A ello, hay que añadir que fruto de la desesperación miles de hogares pobres (hogares monoparentales de mujeres con menores, inmigrantes y jóvenes) se ven abocados a la ocupación de viviendas vacías y directamente se les aplica el código penal con multas.

Con el absoluto desprecio de legisladores, jueces y magistrados asistimos a un drama humano que no ocurre en ningún otro país europeo con miles de suicidios directos e indirectos fruto de la angustia y la depression que se provoca sobre las familias, mientras asistimos al vergonzoso espectáculo de un Tribunal Supremo postrado a los intereses de la Banca y con magistrados sordos a la zozobra de la ciudadanía.

Alquileres ligados a la renta familiar

Ante un panorama que creemos dantesco, la reciente modificación de la LAU propuesta por el PSOE y apoyada sólo por el PDEcat y PNV no iba a resolver ningún problema, pero la regulación de precios que promueve Unidos-Podemos también sería una legitimación por ley de la burbuja. Esa medida ha sido un fracaso en París y Berlín con alquileres insostenibles que han dado lugar a que los movimientos sociales quieran un referéndum para que los alquileres estén ligados a la renta disponible de los hogares. O intentar comparar nuestras ciudades con Viena, que tiene un 40% de vivienda social, es sencillamente absurdo.

Lo que demuestra la subida en 2018 de un 31% de Leganés y las otras ciudades es que necesitamos ya una congelación de los alquileres y la prórroga forzosa de los contratos por ley, junto a otras medidas que garanticen el derecho del inquilinato a una vivienda, y que el Estado en su dejación de funciones por décadas no es ni ha sido capaz de proveer una justicia social real.

Así las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Leganés y Madrid, la PAH Hospitalet de Llobregat - ACS, la PAH El Bierzo-CyL Oficial, la Asociación en defensa de los Afectados por la Vivienda (ADAV) de Parla y la Asociación por el Alquiler Público y Asequible (500x20) de Barcelona, presentamos esta batería de medidas legislativas que aseguren nuestros derechos, como ciudadanos y afectados por la problemática del alquiler.

DOMESTICAR EL MERCADO LIBRE DE ALQUILER JUSTICIA FISCAL y SOCIAL

• Congelación de alquileres y prórroga forzosa (excepto en caso de necesidad familiar justificada).

• Contrato único inspeccionado por las Oficinas de Vivienda, donde este prohibido cargar los impuestos y los gastos de mantenimiento a los inquilinos. Todo para evitar el doble cobro de los mismos a Hacienda y al inquilino. Inspección técnica de las viviendas arrendadas y de la cédula de habitabilidad con revisiones cada 5 años.

• Eliminar todas las desgravaciones fiscales a los arrendadores para que tributen como una ganancia más (excepto en caso de necesidad familiar justificada.

• Realizar desgravaciones fiscales sobre la totalidad de inquilinos (4 millones de hogares) según baremos de rentas pagadas y renta familiar disponible…, con el dinero ahorrado de suprimir la elusión fiscal de los arrendadores (4 millones de caseros) y con ello conseguimos acabar el fraude fiscal de muchos de ellos pues conoceremos la totalidad de alquileres que cobran.

• Grabar fiscalmente las viviendas “urbanas” vacías y crear un impuesto sobre las ventas de viviendas que no sean para primera residencia para evitar que los propietarios boicoteen todas estas medidas poniendo en el mercado sus viviendas vacías a la venta.

• Municipalización del suelo urbano. el suelo urbano debe ser de dominio público (municipalización del suelo urbano) y no un bien privado, especulativo y con derecho a herencia. Lo único que se puede vender si se ha comprado es el derecho de uso del suelo público (sería como un impuesto) y la propia edificación.

• Ampliación del parque público de vivienda social, regulado por ley. En el mismo suelo urbano podría dedicarse parcialmente a la construcción de nueva vivienda pública para sacar al mercado una oferta de alquiler sociales y asequibles. Esta medida debería tomarse de manera seria desde los gobiernos autonómicos y también desde los ayuntamientos de grandes localidades (por ejemplo más de 50.000 habitantes). La vivienda pública destinada a este fin social nunca podría venderse ni cederse su gestión a manos privadas.

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