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ULEG: Funcionaria habilitada nacional advierte de las reiteradas "ilegalidades" del alcalde y gobierno del PSOE en la contratación pública


La Titular de la Oficina de la Junta de Gobierno Local, habilitada con carácter estatal, plasma por escrito al gobierno del Ayuntamiento (PSOE) sus reiteradas ilegalidades al respecto, realizándose incluso contratación verbal al margen de cualquier procedimiento, denuncia Unión por Leganés (ULEG) en nota de prensa.

Además, recuerda las innumerables irregularidades en el pago de facturas ya puestas de manifiesto por la Intervención “sin que se hayan adoptado las medidas que en dichos informes se recogen”, añaden los independientes.

Los reconocimientos extrajudiciales y las convalidaciones de créditos se han convertido en norma para pagar facturas en un ayuntamiento donde el PSOE lo usa como un cortijo donde tiene a decenas de empresas sin contrato o con el contrato caducado.

Tres millones de euros extrajudiciales

Esta afirmación, que desde hace tiempo viene denunciando ULEG, único partido que siempre los ha votado en contra, ahora viene a ser corroborada por quien hace las funciones de secretaria de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento mediante una circular a la que ha tenido acceso el partido independiente y, como formación que lidera la Oposición y que se caracteriza por la transparencia absoluta, pone en conocimiento público.

Estamos hablando de casi de 3 millones de euros, solo en 2018, que se han abonado en facturas mediante reconocimientos extrajudiciales que han pasado por el Pleno. Aunque hay que añadir que esta cifra se puede cuadruplicar si sumamos las cerca de 1000 convalidaciones de facturas por servicios prestados por empresas que no tienen contrato y que no pasan por Pleno.

Ambos métodos (nada ortodoxos y excepcionales convertidos en regla general) “que se están utilizando en demasiados casos como un medio elusivo para el incumplimiento de la normativa de contratación”, según textualmente se dice en el documento, pueden conducir a sus responsables ante el Tribunal de Cuentas o, incluso, ante la cárcel. “La advertencia que hace la funcionaria es demoledora y un aviso para navegantes. Una vez más, el tiempo viene a dar la razón a ULEG y sus denuncias”, añade el partido vecinal.

Sombra de corrupción generalizada.

Las áreas responsabilidad del director (ilegal) Javier Márquez, conocido como el Bartolín pepinero por inventarse una agresión que sólo estaba en su enfermiza imaginación para intentar aniquilar al líder de la oposición (Carlos Delgado, portavoz de ULEG) y así sentenció la Justicia, son las que más abusan de tener a las empresas sin contrato o caducado. Solo en limpieza el ayuntamiento gasta más de 10 millones de euros al año y ninguna de las compañías de limpieza tiene el contrato.

Una siniestra manera de impedir la libre concurrencia y de blindar a las mercantiles que prestan el servicio en precario, lo que favorece un clima de contubernio con las contratas, de pago de favores mutuos y la inobservancia de las mejoras a las que están obligadas (como el poner puntos de recarga eléctrica) o de exigir elementos básicos como un pedal a los contenedores de basura.

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