Leganemos exigirá en el Pleno que se cumpla el acuerdo sobre uso de suelo público para la instalación de ascensores
El Pleno del Ayuntamiento aprobó en 2016 una tarifa de 100 euros anuales para todas las comunidades que hubieran utilizado suelo público para la instalación de ascensores, a día de hoy el Ayuntamiento cobra hasta 2.900 euros a algunas de ellas.
El Gobierno de Leganés PSOE-IUCM) se comprometió a realizar una campaña informativa en todos los edificios que hubieran ocupado la vía pública con la instalación de un ascensor y que no se estuviesen beneficiando de la cuota de 100€ aprobada por el Pleno Municipal.
Tras este acuerdo, se citó a las comunidades, gestores y asociaciones de vecinos a una reunión con la Concejalía de Hacienda en la que se planteó que para poder cumplir el acuerdo del Pleno, las comunidades que quisieran acogerse al pago de tasa de 100 euros anuales, debían presentar un escrito en el registro renunciando al acuerdo previo establecido y solicitando la aplicación de este último.
Casi dos años después, habiendo presentado la mayoría de las comunidades la reclamación correspondiente, se les pide hasta 2.900 euros anuales en virtud de ese contrato al que renunciaron a solicitud del Ayuntamiento. La gravedad de esta situación se ve acentuada por la enorme diferencia entre las tasas que pagan comunidades pertenecientes al mismo barrio y distanciadas por unos pocos metros en algunos casos.
Desde Leganemos consideramos que el Ayuntamiento ha engañado a miles de personas, propietarias de estas comunidades, incumpliendo sus compromisos y creando falsas expectativas económicas en un momento en el que la crisis y la precariedad han terminado de instalarse en nuestra sociedad. Esto resulta especialmente grave si atendemos a que la mayoría de personas que viven en estas comunidades son pensionistas o tienen escasos recursos económicos.
Consideramos -y por eso lo exigiremos en el Pleno del jueves 12 de julio de 2018- que deben revisarse inmediatamente todas las concesiones para ascensores de estas características, poniéndose en contacto de oficio la propia Delegación de Hacienda con las comunidades y dando solución a los expedientes antes de fin del presente año, además de aplicarse la tasa acordada con toda la retroactividad posible, ya que el retraso en la ejecución del acuerdo no es responsabilidad de la ciudadanía, sino del Ayuntamiento como institución.
Tras este acuerdo, se citó a las comunidades, gestores y asociaciones de vecinos a una reunión con la Concejalía de Hacienda en la que se planteó que para poder cumplir el acuerdo del Pleno, las comunidades que quisieran acogerse al pago de tasa de 100 euros anuales, debían presentar un escrito en el registro renunciando al acuerdo previo establecido y solicitando la aplicación de este último.
Casi dos años después, habiendo presentado la mayoría de las comunidades la reclamación correspondiente, se les pide hasta 2.900 euros anuales en virtud de ese contrato al que renunciaron a solicitud del Ayuntamiento. La gravedad de esta situación se ve acentuada por la enorme diferencia entre las tasas que pagan comunidades pertenecientes al mismo barrio y distanciadas por unos pocos metros en algunos casos.
Desde Leganemos consideramos que el Ayuntamiento ha engañado a miles de personas, propietarias de estas comunidades, incumpliendo sus compromisos y creando falsas expectativas económicas en un momento en el que la crisis y la precariedad han terminado de instalarse en nuestra sociedad. Esto resulta especialmente grave si atendemos a que la mayoría de personas que viven en estas comunidades son pensionistas o tienen escasos recursos económicos.
Consideramos -y por eso lo exigiremos en el Pleno del jueves 12 de julio de 2018- que deben revisarse inmediatamente todas las concesiones para ascensores de estas características, poniéndose en contacto de oficio la propia Delegación de Hacienda con las comunidades y dando solución a los expedientes antes de fin del presente año, además de aplicarse la tasa acordada con toda la retroactividad posible, ya que el retraso en la ejecución del acuerdo no es responsabilidad de la ciudadanía, sino del Ayuntamiento como institución.
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