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La Fiscalía del Tribunal de Cuentas lleva a juicio al Consistorio por una permuta sospechosa de terrenos, denuncia ULEG

El Ayuntamiento de Leganés, llevado a juicio por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas tras denuncia de ULEG contra, entre otros, el exalcalde Jesús Gómez (hoy diputado) y el exedil de Urbanismo Miguel Ángel Recuenco (ahora portavoz del PP).

El Ayuntamiento se queda con un suelo (Finca de la Mora) valorado en 4 millones, entrega uno (PP-3) valorado en más de 40 y encima tiene que pagar cerca de 9 millones de euros en intereses y costas por no haber llevado a cabo la permuta en su día.

Se aprecia presunta responsabilidad contable en una operación por la que el ayuntamiento se quedó con un suelo valorado en 4 millones y entregó otro valorado en más de 40. A este despropósito se añadirán más de 8 millones de euros de los vecinos que se tendrán que pagar en intereses y costas a la empresa Portfolio por no ejecutar la permuta hace 10 años.

De manera paralela con la vía contable (que puede acabar con multas millonarias contra los políticos de PP y PSOE y funcionarios responsables por acción u omisión de este desfalco al erario) sigue adelante el proceso penal por el que la Fiscalía de la Comunidad de ya ha abierto diligencias criminales (372/2017) y ha reclamado expedientes al Ayuntamiento de Leganés.

La denuncia interpuesta por Unión por Leganés (ULEG) ha sido estudiada por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas quien decidió hace unos días iniciar procedimiento por presunta responsabilidad contable y que sea enjuiciado el ayuntamiento de Leganés en el denominado "Caso Portfolio", una sospechosa permuta de suelo que se perpetró hace más de 10 años pero que no se ejecutó en su momento y que ha terminado siendo un “negocio” ruinoso: el Ayuntamiento se queda con un suelo (Finca de la Mora) valorado en 4 millones, entrega uno (PP-3) valorado en más de 40 y encima tiene que pagar cerca de 9 millones de euros en intereses y costas por no haber llevado a cabo la permuta en su día.

"En Leganés hay un pacto de silencio entre el PP y PSOE para tapar la corrupción y perseguir a quien la denuncia. Son dos partidos alineados para usar los recursos públicos en beneficio propio y de su red clientelar, como asociaciones empresariales cuyos directivos se dedican a intentar agredir o amenazar al portavoz de ULEG, Un ejemplo es este “caso Portfolio”, donde PP y PSOE votaron en contra en el Pleno de llevar la documentación a la Fiscalía. ULEG sí lo hizo y ya vemos cómo era una denuncia sólida.

Del mismo modo se negaron a investigar y paralizar los pagos a fraudulentas facturas giradas para que la asociación empresarial Unele cobrara 56.000 euros de subvención municipal con ocasión de congreso People&Business celebrado el 31 de octubre de 2017, otro asunto que acabará sin remedio en Fiscalía”,
explican desde el partido independiente.

Cabe recordar que el Tribunal de Cuentas ya ha recibido la denuncia respecto al uso indebido por parte del alcalde Santiago Llorente de la Visa municipal (la tarjeta ÑAM o black de la glotonería) donde se ventilaban asuntos no institucionales, como invitaciones a afiliados del PSOE para tratar cosas internas del partido o la famosa cachopada en Asturias a altas horas de la madrugada. También desde el partido vecinal se está esperando a que se abonen las facturas de cerca de 3 millones de euros al abogado Muñoz Bouzo para que respondan contablemente de tal gasto los culpables de ese quebranto a las arcas públicas.

1 comentarios:

Anónimo dijo...

Dice la noticia que "la permuta se perpetró hace más de diez años, pero que no se ejecutó en su momento", lo que es inexacto. Utilizando sus mismas palabras, la permuta se ejecutó por la firma en 2005 del convenio urbanístico acordando tal permuta. Dicho en términos jurídicamente más precisos, la transmisión de la propiedad de los terrenos se produjo mediante la firma de dicho convenio urbanístico. Lo que no se hizo en su momento, y es lo que después exigió Portfolio judicialmente, es la elevación a escritura pública de dicha permuta, requisito imprescindible para inscribirla en el Registro de la Propiedad y disponer libremente de las parcelas. El incumplimiento de la obligación de escriturar por parte del Ayuntamiento es lo que ha dado lugar a la producción de intereses como indemnización a favor de Portfolio por los perjuicios ocasionados.
Lo que es inexplicable es que el Ayuntamiento acuerde una permuta de terrenos y se niegue después a firmar la escritura. Si una vez firmado el convenio vieron que era gravemente perjudicial para el Ayuntamiento, lo que tendrían que haber hecho es pedir su anulación presentando un recurso ante los tribunales en los cuatro años siguientes. Tampoco se entiende que el Ayuntamiento intentase en 2009 vender de nuevo la finca permutada, cuando ya era propiedad de Portfolio. Es todo bastante extraño.
De todos modos, es un asunto concluido y especular sobre lo ocurrido no lleva a ninguna parte; incluso la responsabilidad contable que pretende exigir Delgado está más que prescrita (5 años desde el hecho causante del daño). Que se haya admitido a trámite la denuncia por el Tribunal de Cuentas no es para echar las campanas al vuelo, pues en cuanto los cuentadantes aleguen la prescripción, lo más previsible es el archivo.

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