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Denuncian que la Comunidad elimina una unidad educativa del CEIP Quevedo "antes de finalizar el proceso de escolarización"

La asamblea de profesores de Leganés queremos denunciar y poner en conocimiento que desde la Consejería de Educación se haya suprimido una unidad de 3 años en el CEIP “Quevedo” antes de terminar el proceso de escolarización ordinario sin esperar a conocerse las segundas o terceras opciones de las familias.

Así se señala en un comunicado de la Asamblea de Profesores de infantil, primaria y secundaria de Leganés

Este tipo de decisión no es nueva en nuestro municipio ya sucedió el año pasado en el CEIP “Concepción Arenal” y en el CEIP “Emilia Pardo Bazán”.

La supresión de la oferta educativa antes o durante el proceso de matriculación, sin saber realmente las peticiones de las familias afectan enormemente a los centros públicos de nuestro municipio.

Además perjudica al profesorado y a las familias que tienen que buscar otra opción en centros más alejados, cercenando su derecho a la libre elección de centro, por último actúa como elemento disuasorio en la demanda real de las familias.

En contraposición esta situación es discriminatoria frente a los centros privados-concertados a los que se les mantiene las unidades en incluso, en algunos casos, se les han habilitado nuevas unidades sin tener conocimiento de cuantas familias iban a solicitarlos.

También queremos manifestar nuestro desacuerdo con el hecho de que se haya impedido a los centros de educación infantil y primaria adjudicar el punto adicional que se contempla en el proceso de admisión de alumnos a aquellas solicitudes que en su impreso solo pidan colegios públicos.

Consideramos que los consejos escolares son soberanos para tomar estas decisiones y que la administración alegando que este hecho estaba en contra de la libre elección de centros ha incumplido claramente la legalidad. Sin embargo, si permite que en los centros privado-concertados concedan este punto adicional a alumnos que provienen de escuelas infantiles privadas.

La educación pública y de calidad es un derecho esencial y una responsabilidad básica de las Administraciones Públicas, con estos recortes se vulnera este derecho constitucional, mostrando la clara intención de la Administración Educativa de respaldar y reforzar la red de enseñanza privada - concertada y de debilitar a la escuela pública.

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