ULEG pide que se abra una investigación oficial por las llamadas que amenazan de embargo a los vecinos
El portavoz de Unión por Leganés (ULEG), Carlos Delgado, pedirá en el próximo pleno la no renovación del contrato que se mantiene con Pedro Morales 1981 SLU, empresa responsable de la recaudación ejecutiva y que el concejal de Hacienda, Antonio García Blázquez, explique las declaraciones públicas del Ayuntamiento que afirman "con absoluta desfachatez" que “los vecinos agradecen una llamada informativa donde se les amenaza con embargarles la nómina…”
ULEG denunció el lunes llamadas amenazantes a vecinos desde la Unidad Ejecutiva de Recaudación del Ayuntamiento en las que se les advertía de que, si no pagaban los impuestos municipales, se les embargaría la cuenta y hasta la vivienda para meter miedo, sobre todo, a las personas mayores.
Los independientes recuerdan que la Recaudación Ejecutiva es uno de los innumerables servicios que el Ayuntamiento ha privatizado y cuyo beneficio va ligado al cobro de los tributos. Una situación de “ansia” que ha llevado a esta empresa, y por lo visto en connivencia con el propio gobierno municipal, a que se estén llevando acciones inquisitoriales impropias de un estado democrático garantista.
“Unos requerimientos irregulares y unas “peculiares” notificaciones que no se está realizando conforme al artículo 58 de la Ley 30/1992, ya que se ha amenazado a personas vía telefónica con embargarle la nómina, la vivienda e incluso la maquinaria, han llamado a móviles privados de ciudadanos que desconocen cómo han podido obtener su número, incluso se han atrevido a entregar cartas en mano al más puro estilo de la empresas de cobro de morosos. A esto se suman otras irregularidades como no permitir a los ciudadanos pagar un recibo específico para obligarles a pagar la totalidad. Es más, se está pretendiendo embargar el importe de la felizmente eliminada ecotasa del año 2001, cuando fue declarada no conforme a derecho por el TSJM", explicó Delgado.
Decenas de llamadas y correos electrónicos
La reacción no se ha hecho esperar y desde que ayer se hicieran eco algunos medios de comunicación un importante número de llamadas y correos electrónicos de “agradecidos” vecinos se han puesto en contacto con ULEG para denunciar las presiones y protestar por el hostigamiento que han sufrido por parte del servicio municipal de Recaudación Ejecutiva.
“Es de un cinismo y una caradura increíble que el gobierno no sólo haya confirmado que se realizan este tipo de llamadas abusivas sino que afirmen sin ruborizarse que además los vecinos lo agradecen. ¿Hasta dónde van a llegar en su desfachatez? Esperamos que el Ayuntamiento, y el concejal de Hacienda como responsable, abran una investigación oficial, pongan fin a cualquier relación con esta empresa que realiza este tipo de maniobras torticeras para conseguir sus objetivos sin importarle el maltrato a nuestros vecinos o, si están de acuerdo en ello, que dimitan porque nuestro municipio no se puede permitir gobernantes de esta calaña”, concluyó Delgado.
ULEG denunció el lunes llamadas amenazantes a vecinos desde la Unidad Ejecutiva de Recaudación del Ayuntamiento en las que se les advertía de que, si no pagaban los impuestos municipales, se les embargaría la cuenta y hasta la vivienda para meter miedo, sobre todo, a las personas mayores.
Los independientes recuerdan que la Recaudación Ejecutiva es uno de los innumerables servicios que el Ayuntamiento ha privatizado y cuyo beneficio va ligado al cobro de los tributos. Una situación de “ansia” que ha llevado a esta empresa, y por lo visto en connivencia con el propio gobierno municipal, a que se estén llevando acciones inquisitoriales impropias de un estado democrático garantista.
“Unos requerimientos irregulares y unas “peculiares” notificaciones que no se está realizando conforme al artículo 58 de la Ley 30/1992, ya que se ha amenazado a personas vía telefónica con embargarle la nómina, la vivienda e incluso la maquinaria, han llamado a móviles privados de ciudadanos que desconocen cómo han podido obtener su número, incluso se han atrevido a entregar cartas en mano al más puro estilo de la empresas de cobro de morosos. A esto se suman otras irregularidades como no permitir a los ciudadanos pagar un recibo específico para obligarles a pagar la totalidad. Es más, se está pretendiendo embargar el importe de la felizmente eliminada ecotasa del año 2001, cuando fue declarada no conforme a derecho por el TSJM", explicó Delgado.
Decenas de llamadas y correos electrónicos
La reacción no se ha hecho esperar y desde que ayer se hicieran eco algunos medios de comunicación un importante número de llamadas y correos electrónicos de “agradecidos” vecinos se han puesto en contacto con ULEG para denunciar las presiones y protestar por el hostigamiento que han sufrido por parte del servicio municipal de Recaudación Ejecutiva.
“Es de un cinismo y una caradura increíble que el gobierno no sólo haya confirmado que se realizan este tipo de llamadas abusivas sino que afirmen sin ruborizarse que además los vecinos lo agradecen. ¿Hasta dónde van a llegar en su desfachatez? Esperamos que el Ayuntamiento, y el concejal de Hacienda como responsable, abran una investigación oficial, pongan fin a cualquier relación con esta empresa que realiza este tipo de maniobras torticeras para conseguir sus objetivos sin importarle el maltrato a nuestros vecinos o, si están de acuerdo en ello, que dimitan porque nuestro municipio no se puede permitir gobernantes de esta calaña”, concluyó Delgado.
Comentarios
MENSAJE PARA TODOS LOS CORRUPTOS Y SINVERGUENZAS QUE SE PRECIEN DE SERLO EN LEGANES..............
No hay obligación de pagar si están prescritas las deudas tributarias, pues se consideran extinguidas.
A mi lo que me da que pensar, es que este Ayto no tiene un € (recordemos las ventas de terrenos paralizadas que han debido hacer mucho daño), y que quiere recaudar como sea.
Si ya llevan un tiempo multando a destajo en cada rotonda (cuando antes no se hacía) y ahora empiezan con estas cosas, mal síntoma es.
Ahora, lo que tiene narices es que encima 'acosen' a los vecinos o les llamen por teléfono. Vamos a ver, la ley es muy clara al respecto y pone los medios necesarios para que las Administraciones puedan cobrar las deudas, así que... ¿a qué vienen las llamadas?
Y más aún, ¿que incluso le pregunten a alguien que por qué no ha pagado?... señores míos, dejense de tocar las narices, que bastante tocada de narices fue en su día ver cómo las AAVV tragaban con Ráez con este impuesto sacado de la manga.
Sacado de la manga y que encima ahora critica el propio PSM a Gallardón en Madrid, después de los bastantes años que han tenido que pasar para que se eliminase en Leganés (en otros municipios gobernados por socialistas aún está vigente).
Y lo peor, que aún reclamen deudas que fueron declaradas ilegales por el TSJM, pasándose una resolución judicial por el forro a sabiendas de que no pueden/deben cobrarlas a los vecinos.
Por cierto, ¿hay algo que no privatizase Ráez en su día? ¿hasta la Recaudación Ejecutiva está privatizada?... vamos, cualquier día privatizan hasta la policía municipal o los bomberos. Y menos mal que estos son 'socialistas'.
El Ayuntamiento tiene que aplicar la ley, con independencia de que los vecinos conozcan o no sus derechos. Si las deudas están prescritas, no se pueden aprovechar del desconocimiento de la gente.
Desde luego, está fuera de lugar tanta visita a recordarles que tienen que pagar. Que hagan las notificaciones como establece la ley: por correo y, si no pueden notificar, que las publiquen en el BOCM. Si han transcurrido más de cuatro años desde la terminación del plazo de pago voluntario sin notificar, o cuatro años desde la notificación sin haber realizado ninguna actuación, se ha extinguido la deuda. Si no hay deuda, no tienen que hacer ningún intento de cobro. Incluso si cobran una deuda que ya está prescrita, hay derecho a devolución de lo indebidamente cobrado.
Si las deudas están prescritas, no hay deuda. Ni el Ayuntamiento ni la empresa adjudicataria de Recaudación tienen que intimidar a nadie exigiendo que pague lo que no debe.
Y esas cartas que llevan en mano para que la gente las firme en sus casas, puede que lleven fechas atrasadas y sean las notificaciones que no se hicieron en su momento.
Luego acusan de que se judicializa la vida política, pero las amenazas y las coacciones no están permitidas y deberían denunciarse en los juzgados.