La Federación de Vecinos de Leganés exige al Gobierno regional la construcción de más residencias públicas para dar cabida a toda la demanda desatendida de mayores y personas dependientes. Denuncian que la Ley de Dependencia se aplica con retraso en la Comunidad y que el 'cheque residencia' de 831 euros es insuficiente ya que una plaza en una residencia privada cuesta 2.700 euros. Los vecinos están recogiendo firmas al respecto.
Esta es la nota de prensa remitida por la Federación:
"Con motivo de la reunión mantenida por el Consejo Territorial de Dependencia para evaluar el grado de desarrollo de la Ley, la Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés manifestamos:
1. Que el motivo de esta reunión ha sido consecuencia de las protestas y denuncias que se vienen desarrollando en el conjunto del Estado, con motivo de los retrasos y desajustes en los distintos ritmos de desarrollo y aplicación de la ley en las diferentes comunidades autónomas, de las que Madrid es la que ha gestionado un menor número de peticiones.
2. Que tres años después de ponerse en marcha la Ley de Dependencia, miles de personas, muy necesitadas, aún aguardan la ayuda a la que tienen derecho. El tiempo de espera desde la solicitud hasta que se recibe la prestación va de los 12 a los 18 meses, una media que aumenta en algunas comunidades entre las que se encuentran Canarias, Madrid, Murcia y Valencia.
3. Que en todo el territorio nacional hay una media de 1,04% de ciudadanos atendidos respecto al total de la población. Pero si analizamos algunas de las comunidades, veremos que los ritmos de aplicación son muy diferentes. Así por ejemplo, en La Rioja, hay un 1,76% de personas atendidas respecto a sus habitantes, Canarias apenas da ayudas al 0,29% de sus ciudadanos, o Madrid, que sólo ha dado respuesta al 0,41% de su población.
4. Pero lo que más nos preocupa, es la posición del gobierno de Esperanza Aguirre, que aprovechando esta situación, extiende su modelo privatizador a la Ley de Dependencia, optando por dar 'cheques residencia' en lugar de construir más plazas públicas. En otras palabras, les viene a decir a los dependientes: ahí tienen ustedes el cheque residencia, vayan donde quieran, "puedan ir a la residencia que deseen y que esté autorizada por la Comunidad de Madrid", como dice el director general de Dependencia, Miguel Ángel García.
5. Esa “libertad de elección” estará limitada por el bolsillo: el cheque, de 831 euros al mes, como máximo, no cubre ni la tercera parte de lo que viene a costar una plaza de residencia, (la mayor parte de ellas privadas) cuyo coste ronda los 2.700 euros al mes. El beneficiario deberá aportar el resto por lo van a quedar excluidos la gran mayoría de dependientes cuyas pensiones no llegan a los 1.000 €.
6. Esta ambigüedad calculada de la Ley, de otorgar una prestación vinculada a un servicio, evita a la Administración Regional de Madrid, construir residencias con plazas públicas y gestión publica, obligando a los dependientes que puedan pagar esa diferencia a ir a las residencias privadas, garantizando así el negocio en el sector privado y beneficiando a los que más recursos tienen.
7. Frente a esto llamamos a la población a estar atentos a las iniciativas de movilización que se planteen para exigir:
• LA CREACIÓN DE RESIDENCIAS PÚBLICAS,
• LA CREACIÓN DE EMPLEO PUBLICO DE CALIDAD, CON PROFESIONALES
• LA GARANTÍA DE UN SERVICIO DE CALIDAD A LAS PERSONAS DEPENDIENTES.
8. Llamamos a la población a intensificar el apoyo con su firma a la campaña que en este momento estamos desarrollando en nuestro pueblo, exigiendo el cumplimiento de la ley".
Esta es la nota de prensa remitida por la Federación:
"Con motivo de la reunión mantenida por el Consejo Territorial de Dependencia para evaluar el grado de desarrollo de la Ley, la Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés manifestamos:
1. Que el motivo de esta reunión ha sido consecuencia de las protestas y denuncias que se vienen desarrollando en el conjunto del Estado, con motivo de los retrasos y desajustes en los distintos ritmos de desarrollo y aplicación de la ley en las diferentes comunidades autónomas, de las que Madrid es la que ha gestionado un menor número de peticiones.
2. Que tres años después de ponerse en marcha la Ley de Dependencia, miles de personas, muy necesitadas, aún aguardan la ayuda a la que tienen derecho. El tiempo de espera desde la solicitud hasta que se recibe la prestación va de los 12 a los 18 meses, una media que aumenta en algunas comunidades entre las que se encuentran Canarias, Madrid, Murcia y Valencia.
3. Que en todo el territorio nacional hay una media de 1,04% de ciudadanos atendidos respecto al total de la población. Pero si analizamos algunas de las comunidades, veremos que los ritmos de aplicación son muy diferentes. Así por ejemplo, en La Rioja, hay un 1,76% de personas atendidas respecto a sus habitantes, Canarias apenas da ayudas al 0,29% de sus ciudadanos, o Madrid, que sólo ha dado respuesta al 0,41% de su población.
4. Pero lo que más nos preocupa, es la posición del gobierno de Esperanza Aguirre, que aprovechando esta situación, extiende su modelo privatizador a la Ley de Dependencia, optando por dar 'cheques residencia' en lugar de construir más plazas públicas. En otras palabras, les viene a decir a los dependientes: ahí tienen ustedes el cheque residencia, vayan donde quieran, "puedan ir a la residencia que deseen y que esté autorizada por la Comunidad de Madrid", como dice el director general de Dependencia, Miguel Ángel García.
5. Esa “libertad de elección” estará limitada por el bolsillo: el cheque, de 831 euros al mes, como máximo, no cubre ni la tercera parte de lo que viene a costar una plaza de residencia, (la mayor parte de ellas privadas) cuyo coste ronda los 2.700 euros al mes. El beneficiario deberá aportar el resto por lo van a quedar excluidos la gran mayoría de dependientes cuyas pensiones no llegan a los 1.000 €.
6. Esta ambigüedad calculada de la Ley, de otorgar una prestación vinculada a un servicio, evita a la Administración Regional de Madrid, construir residencias con plazas públicas y gestión publica, obligando a los dependientes que puedan pagar esa diferencia a ir a las residencias privadas, garantizando así el negocio en el sector privado y beneficiando a los que más recursos tienen.
7. Frente a esto llamamos a la población a estar atentos a las iniciativas de movilización que se planteen para exigir:
• LA CREACIÓN DE RESIDENCIAS PÚBLICAS,
• LA CREACIÓN DE EMPLEO PUBLICO DE CALIDAD, CON PROFESIONALES
• LA GARANTÍA DE UN SERVICIO DE CALIDAD A LAS PERSONAS DEPENDIENTES.
8. Llamamos a la población a intensificar el apoyo con su firma a la campaña que en este momento estamos desarrollando en nuestro pueblo, exigiendo el cumplimiento de la ley".
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